El Instituto Nacional Electoral (INE) notificó a la Cámara de Diputados que la iniciativa ciudadana de reforma electoral presentada por el colectivo Salvemos México cumplió los requisitos legales para iniciar su proceso legislativo.
El proyecto de la organización encabezada por el empresario y activista Claudio X. González logró reunir las 136 mil 875 firmas, equivalentes a 0.13 por ciento de la Lista Nominal de Electores, que establece la legislación en la materia.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, dio la bienvenida a la primera iniciativa ciudadana presentada en la actual legislatura y primera en materia electoral.
“Hemos recibido ya está validación, por tanto, esta es la primera iniciativa en términos electorales que se recibe en esta Cámara de Diputados para deliberación a propósito de las reformas electorales”, confirmó.
Anticipó que el miércoles se dará a conocer la notificación del INE ante la Comisión Permanente para darle el cauce legislativo correspondiente.
“Yo doy la bienvenida a esta iniciativa ciudadana; los instrumentos de participación ciudadana se deben de reconocer. Qué bueno que se ejerza, bienvenidas todas las iniciativas a esta Cámara de Diputados y, reitero, será necesario demostrar nuestra visión democrática, espero que así lo podamos hacer como país”, señaló.
Entre otros aspectos, la iniciativa ciudadana de “Salvemos México” prevé enlistar como motivo de nulidad de elecciones federales o locales la “incidencia del crimen organizado en la campaña electoral”.
Para ello se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.
La propuesta plantea asimismo que ningún programa social podrá estar identificado con colores, nombres o símbolos partidistas, por lo que “toda autoridad debe asegurar la neutralidad en la entrega de los programas sociales”.
Considera igualmente la obligación de los partidos políticos de registrar ante el INE sus campañas, servicios digitales y propaganda digital, distinguiendo entre una campaña partidista y el ejercicio ciudadano de la libertad de expresión.
Ninguna autoridad podrá usar los instrumentos de comunicación del Estado para hacer referencia a los procesos electorales, con el objeto de favorecer o perjudicar a una candidatura o partido político.
