Un análisis de la legislación universitaria advierte que el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) pudo exceder sus atribuciones al establecer condiciones para adquirir automóviles oficiales, mientras que el Patronato, la Contraloría y otras instancias habrían incumplido sus funciones de vigilancia y control del patrimonio.
La polémica por la compra de vehículos de lujo para funcionarios de la UAM, que implicó autorizaciones por al menos 7 millones 509 mil 90 pesos, profundizaron el descontento por las carencias que desde hace meses han denunciado los estudiantes: infraestructura deteriorada, bibliotecas cerradas y espacios insuficientes para estudiar y alimentarse.
Esta situación mantiene en paro, desde hace dos semanas, a las cinco unidades de la Universidad: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Xochimilco y Lerma; lo que afecta a casi 62 mil estudiantes.
Cada una de las unidades realiza diferentes actividades en sus campus. Además de los jóvenes que resguardan los planteles y defienden sus pliegos petitorios, también académicos e integrantes de la comunidad universitaria realizan asambleas en la que discuten el gobierno de la universidad.
MILENIO visitó las inmediaciones de la unidad Iztapalapa en donde académicos y trabajadores dialogaron sobre las consecuencias jurídicas para las autoridades involucradas, incluida la eventual remoción de funcionarios por posibles violaciones a la legislación universitaria y el uso indebido de sus atribuciones.
Irregularidades en finanzas de la UAM
La comunidad concluyó en un análisis, sustentado en la Ley Orgánica y el Reglamento Orgánico de la institución, así como en las actas del Patronato y el acuerdo 03/2026 emitido por el rector general, que las adquisiciones no sólo evidencian deficiencias en la planeación del gasto, sino posibles irregularidades en el ejercicio de facultades, la administración del patrimonio y los mecanismos de supervisión financiera.
Los inconformes, quienes solicitaron mantener su identidad en reserva, sostuvieron que el rector general habría asumido atribuciones reservadas al patronato al establecer los montos para la compra de automóviles oficiales y permitir que los funcionarios pudieran adquirirlos, al concluir su gestión, por apenas 30 por ciento de su valor de factura.
Esta disposición, incluida en el acuerdo emitido el 9 de marzo de 2026, permitiría, por ejemplo, que un funcionario comprara en 270 mil pesos un vehículo adquirido por la universidad en 900 mil pesos, sin que el precio de venta estuviera sujeto a un avalúo comercial.
De acuerdo con el análisis, la Ley Orgánica de la UAM establece en su artículo 20 que corresponde al Patronato autorizar la adquisición de bienes y administrar el patrimonio universitario, facultades que no podrían ser sustituidas mediante un acuerdo del Rector General.
Por ello, la emisión y aplicación de estas disposiciones podría configurar una falta grave prevista en el artículo 92, fracción IV, del Reglamento Orgánico, que contempla el aprovechamiento indebido de las competencias institucionales para satisfacer intereses propios o ajenos.
Remoción del cargo
El artículo 93 del mismo reglamento establece la remoción del cargo como sanción para las faltas graves, mientras que el artículo 95 señala que corresponde a la Junta Directiva resolver sobre la separación del rector general.
En una sesión abierta a la comunidad universitaria, los inconformes expusieron que las posibles responsabilidades no se limitarían a la Rectoría General, pues también cuestionaron la actuación del Patronato, órgano encargado de administrar y vigilar el patrimonio universitario, que modificó sus propios lineamientos para adecuarlos a las disposiciones emitidas por el rector.
Explicaron que el 15 de abril de 2026, el Patronato eliminó la restricción que obligaba a adquirir vehículos en su versión base. Ocho días después, durante una sesión extraordinaria realizada por Zoom que duró apenas 17 minutos, autorizó por unanimidad la compra de ocho automóviles por 6 millones 274 mil 490 pesos.
Según lo expresado por los inconformes, entre abril y septiembre de 2026, el organismo habría autorizado 15 vehículos para funcionarios por un monto total de 10 millones 635 mil 225 pesos, sin registrar el rechazo de alguna solicitud.
Reclamaron que en lugar de ejercer sus facultades de control, el Patronato adecuó sus disposiciones a las decisiones de la administración universitaria.
Sin embargo, en la discusión reconocoeron que sus integrantes no están sujetos al régimen de faltas graves del artículo 92, por lo que correspondería a la Junta Directiva valorar su actuación institucional.
Señalaron que la Contraloría también aparece entre las instancias cuya actuación debería revisarse, pues según las actas citadas, su titular propuso modificar los lineamientos del Patronato y posteriormente dictaminó que las solicitudes de vehículos cumplían con las disposiciones aplicables.
Los inconformes también reclamaron posibles responsabilidades de la Abogacía General, encargada de procurar el cumplimiento del orden jurídico universitario.
Autos fueron comprados individualmente
MILENIO conversó con un extrabajador de la contraloría de la Universidad quien cuestionó que las adquisiciones se realizaran de manera individual, pese a que el acuerdo 03/2026 establecía el arrendamiento como primera opción, la compra consolidada como segunda y la adquisición por unidad únicamente como una medida excepcional que debía justificarse.
Los integrantes de la comunidad universitaria no descartaron buscar vías legales para reclamar el actuar de las autoridades de la UAM. Señalaron que, si bien el rector general anunció la suspensión del Acuerdo 03/2026 y la venta de seis vehículos eléctricos, adquiridos por 4 millones 922 mil 390 pesos, con el propósito de destinar los recursos obtenidos a becas estudiantiles, la venta de unidades recién adquiridas podría ocasionar una pérdida económica para la universidad debido a su depreciación.
“Suspender el acuerdo y vender los vehículos no resuelve por sí mismo las posibles irregularidades cometidas durante su autorización y adquisición”, cuestionaron.
MILENIO solicitó una entrevista con el rector general, Gustavo Pacheco, pero hasta ahora no ha habido respuesta.
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Plantel Iztapalapa
Estudiantes denunciaron que llevan dos años sin biblioteca y que otros espacios presentan daños.
Política
Estudiantes siguen en paro: “La venta de autos no lo soluciona”
El equipo de MILENIO visitó la UAM Iztapalapa donde los estudiantes mantienen tomadas las instalaciones desde el 20 de octubre, en demanda de mejora a la infraestructura y atención a su pliego petitorio.
Desde hace dos años, el plantel no cuenta con una biblioteca, debido a que las autoridades no han concretado su remodelación.
Un estudiante que pidió omitir su nombre por seguridad contó que, así como la biblioteca, otros salones presentan daños y deterioro, lo que provoca que se sientan inseguros en materia de protección civil en sus instalaciones.
“Tenemos mucha indignación. No hay respuesta por parte de las autoridades. El anuncio de la venta de los vehículos parece que es como ponerle una pomada a la problemática. Cómo es posible que tengan estos convenios, compras y nos tienen estudiando en estas condiciones”, cuestionó.
Los cinco planteles de la UAM realizan diversas actividades para dialogar sobre las problemáticas que les aquejan y sus estudiantes han advertido que el paro se mantendrá en tanto no haya un diálogo y solución a sus pliegos.
“Hasta ahora nuestro requerimiento para establecer mesas de diálogo ha sido que la rectoría esté aquí en nuestro plantel, pero eso no ha ocurrido. Tenemos fugas, humedad, algo que no pasa en rectoría donde sí tienen jabón, papel en los baños. Si hay disposición de diálogo que se note”, agregó el alumno.
AG
