La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tumbó el amparo que ordenó cancelar la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca , por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que la orden de captura podrá ejecutarse.
Suficientes y fundados argumentos
Por unanimidad, el Pleno consideró que son suficientes y fundados los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual impugnó que la jueza que otorgó la protección de justicia sustituyó indebidamente al juez de control, ya que realizó una valoración de los datos de investigación, cuando esto es propio de las etapas del proceso penal.
Lenia Batres Guadarrama, ministra ponente, propuso revocar la sentencia, sin embargo, la mayoría de los togados se separó de la propuesta que presentó en su proyecto.
¿Reactivan orden de aprensión contra Cabeza de Vaca?
Cabe señalar que la orden de aprehensión se reactivará una vez que la Corte presente el engrose de la sentencia y su resolución sea notificada ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Discusión de la Suprema Corte
Lenia Batres planteó revocar la sentencia del juzgado de Distrito porque aplicó un estándar probatorio más alto del constitucionalmente previsto para librar una orden de aprensión.
“… basta la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que la persona investigada lo cometió o participó en su comisión. En esta fase preliminar, no se exige prueba plena ni un análisis propio de etapas posteriores del proceso penal. En esta lógica, el juzgado de amparo, al conceder la protección, realizó una valoración que rebasó el marco de control constitucional, pues se adentró en un examen sustantivo que correspondía al juez natural dentro del procedimiento penal”, explicó
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa estuvo a favor de revocar la sentencia, pero manifestó su preocupación por la metodología utilizada por su homóloga.
“El proyecto no responde los agravios planteados en contra de la sentencia que concedió el amparo, sino que se sustituya en el juez natural, es decir, en el juez de control que debía resolver si se actualizaron los requisitos necesarios para librar la orden de aprehensión. Al sustituirse en el juez de control, la sentencia podría vulnerar el derecho al juez natural que forma parte de las garantías del debido proceso legal y que exige a todos los órganos del Estado que cualquier persona que sea sometida ante la justicia sea juzgada exclusivamente por un tribunal dotado de competencia para conocer del asunto.
“Me preocupa la propuesta que está sometida a consideración de este tribunal Pleno, pues coloca la Suprema Corte en una posición que no le corresponde dentro del diseño constitucional que debemos proteger”, enfatizó.
Antecedentes del caso Cabeza de Vaca
En diciembre de 2023, Adriana Yolanda Vega Marroquín, jueza Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas, amparó al ex gobernador y ordenó a Enrique Beltrán Santes, juez de control del CJPF adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, cancelar la orden.
Meses antes, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito había ordenado dejar sin efecto la sentencia que había amparado al ex gobernador e indicó que se debía reponer el procedimiento.
En acato a dicha resolución, la jueza Vega Marroquín llevó a cabo una nueva audiencia para escuchar los alegatos del agente del Ministerio Público Federal.
En el expediente judicial se menciona que la FGR atribuyó los citados delitos al ex gobernador, así como a Juan Francisco Tamez Arellano y Baltazar Higinio Reséndez Cantú, como las personas que triangularon, por los menos en tres esquemas, diversas cantidades dinero.
El juez de control que libró la orden consideró que Cabeza de Vaca, desde su cargo como gobernador, supuestamente favoreció a las empresas afines a sus pretensiones, primeramente Inmobiliaria R.C. de Tamaulipas, y Barca de Reynosa, donde el coimputado Baltazar Higinio, era accionista y administrador.
La autoridad aseguró que estas empresas celebraron contratos de obras públicas con el gobierno de Tamaulipas, por un monto acumulado de 105 millones de pesos.
El juez de control también tomó en cuenta para liberar la orden que Baltazar Higinio fue ingresado en la lista de Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN por sus siglas en inglés) por la Oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, desde 2008, por una presunta actividad sospechosa de lavado de dinero por 4 millones 315 mil 800 dólares.
ICGC
