El Tribunal de Disciplina Judicial informó en un comunicado que resolvió la inhabilitación por un año del juez federal Fernando Alvarado por irregularidades y omisiones en su desempeño de su labor, como haber otorgado en 2024 un amparo al entonces ex gobernador del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para poder ser diputado por la vía plurinominal a pesar de tener dos órdenes de aprehensión en su contra.
Así, la comisión judicial, de reciente creación, “resolvió la inhabilitación por un año de un juez federal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, al acreditarse irregularidades graves en el ejercicio de la función jurisdiccional.”
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El caso se originó por una queja que el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna presentó originalmente ante el Consejo de la Judicatura Federal cuando representaba al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pero que no tuvo éxito. La nueva resolución emitida por la unidad de disciplina judicial, fue incluso presumida desde ayer, en sus redes sociales, por el legislador.
“El anterior Consejo de la Judicatura, encabezado por Norma Piña, no se atrevió a sancionarlo. Hoy, el nuevo Tribunal de Disciplina demuestra que sí hay voluntad para actuar con firmeza frente a la corrupción”, dijo Gutiérrez Luna en sus redes y en una minuta que compartió la propia Cámara de Diputados, “Este juez fue cómplice de Cabeza de Vaca. Había razones de sobra para suspenderlo y terminar con la red de protección que permitió la impunidad del exgobernador.”
El comunicado sobre la suspensión del juez asegura que, en total, se encontraron tres amparos que fueron emitidos de forma irregular, dos más además del caso del panista García Cabeza de Vaca, y que mostraron un patrón de irregularidades que terminó en la sanción.
“Un conjunto de actuaciones ejecutadas de manera sistemática por el denunciado que evidenciaron errores inexcusables en franco desacato a las normas que regían su actuación como impartidor de justicia y que tales desviaciones, impactaron decisiones jurisdiccionales de otros procedimientos, inclusive vinculados con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, según la comisión judicial.
Uno fue para que una autoridad local al norte de México expidiera una constancia de residencia que no fue corroborada para que quien solicitó el amparo tuviera acceso a servicios de salud pública. Otro para que un funcionario no fuera removido del cargo de fiscal Especializado en
Combate a la Corrupciónen un estado, y se frenara la resolución de cualquier procedimiento administrativo en su contra.
“Así mismo en un tercer juicio de amparo, el citado juzgador concedió la suspensión al mismo quejoso en contra de la orden de aprehensión reclamada y para el efecto de que no le fueran suspendidos sus derechos político electorales y que no se le considerara como prófugo de la justicia”, señala el comunicado por el caso de García Cabeza de Vaca.
Al respecto, el magistrado presidente de la Comisión de Disciplina, Rufino León Tovar, aseguró en su comunicado que ”estas conductas no pueden entenderse como diferencias interpretativas, ni como equivocaciones menores, sino como infracciones que lesionan directamente la confianza pública en el Poder Judicial y exigen consecuencias claras y proporcionales, reiterando que la legalidad es el límite de la función jurisdiccional y no habrá espacio para la impunidad ni privilegios de jerarquía cuando se transgreda la ley.”
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