Al concluir su cargo ayer como presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez, aseguró que su relevo a partir de hoy está en la incertidumbre, pues, aunque por ley le correspondería a Patricia Talavera asumir esa posición, por ser la integrante más antigua del Comité de Participación Ciudadana (CPC), los representantes de las instituciones que conforman el sistema están revisando la legalidad de su permanencia en dicho comité, cuestionada desde 2022.
Aunque Talavera Torres ha reiterado que las dudas han quedado disipadas incluso por parte de tribunales, desde ese año, existen señalamientos sobre el proceso en que fue elegida como miembro del CPC.
La presidencia de ese Comité, y por lo tanto del SNA, es el cargo más relevante dentro del grupo de instituciones que previenen y combaten la corrupción, es decir, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Surgida de la reforma en materia anticorrupción de 2016 que empoderó a los ciudadanos para encabezar la lucha contra la corrupción, quien encabeza la presidencia del CPC y del SNA tiene la facultad de articular y vigilar los trabajos de todas esas instituciones, aunque en materia administrativa, éstas deciden sobre el CPC.
En entrevista con MILENIO realizada el miércoles 28 de enero, último día de su gestión, Pérez Morales informó que, ante las dudas sobre la designación de Talavera, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), el brazo técnico del sistema hará consultas al Senado para verificar si su nombramiento como integrante del CPC, en 2022, fue correcto y si, en consecuencia, puede asumir ahora la presidencia del SNA.
Aunque a los integrantes del CPC los elige una Comisión de Selección, su elección se ratifica al rendir protesta ante el Senado de la República, pero en el caso de Talavera, hay duda sobre si realizó esa protesta.
“Una primera revisión de los documentos con los que cuenta la SESNA, deja ver que no hay un nombramiento de Patricia y entonces, por ende, no solamente no sería integrante del CPC, sino tampoco presidenta; se van a hacer consultas al Senado de la República, se van a hacer consultas sobre la posibilidad de que haya quedado registrado ese nombramiento”, explicó Pérez Morales.
“Nunca hubo una constancia de su designación en firme y un nombramiento que nos diera elementos de legalidad sobre éste. Hay denuncias interpuestas en el ámbito penal por posibles actos de corrupción y también posibles faltas administrativas. Me parece que un lugar como el del CPC, como la ley lo dice, debería de estar lejos de cualquier posibilidad de señalamiento contra la integridad de sus integrantes”, expresó la presidenta saliente del SNA.
Según ella, los resultados de esa consulta al Senado deberán ser notificados a los representantes del Comité Coordinador del SNA, es decir, la ASF, la Fiscalía Anticorrupción, la SABG, el TDJ y el TFJA, que, para temas administrativos, se constituyen en Órgano de Gobierno del sistema, para que, de proceder, avalen la presidencia de Talavera.
“Eventualmente, será el Órgano de Gobierno quien emita un acuerdo para decir: ‘tuvimos los elementos suficientes y consideramos que sí puede ser integrante y por ende, presidenta’. O lo contrario”, añadió Vania Pérez.
No se sabe cuánto tiempo puedan tardar los resultados de esa consulta.
Incluso, Pérez dijo que si se descarta a Talavera para asumir la presidencia del sistema, podría designarse como responsable, por un periodo de dos meses, al otro integrante del CPC, Rafael Martínez Puón, a quien, por su antigüedad, le correspondería encabezar al sistema hasta 2027, a la salida de Talavera.
“Lo que sí tenemos claro hoy es que Rafael Martínez Puón es integrante del Comité de Participación Ciudadana y con eso, podría suplir la presidencia. Lo que dice la ley es que podría ser por dos meses, después se quedaría, desde mi entendimiento, como representante del SNA y el próximo año, podría asumir como presidente, lo que representaría una gestión larga de él solamente al frente del Sistema”, complementó Pérez.
Los integrantes del CPC son elegidos mediante concurso por la Comisión de Selección y contratados por la SESNA una vez que resultan electos, quien les paga una contraprestación mensual por concepto de honorarios, para así no considerarse servidores públicos y mantener su calidad de “ciudadanos”.
Cada año, los integrantes del CPC renuevan ese contrato con la SESNA, que debe ser aprobado por el Órgano de Gobierno.
Aunque no es necesario realizar un acto protocolario para que Talavera asuma la presidencia, porque la transición es automática, Pérez Morales dijo que el pasado 19 de enero, el Órgano de Gobierno decidió suspender la renovación del contrato de Talavera -y de Martínez Puón, por otros temas- y que están en revisión los documentos que acrediten su designación.
Por lo tanto, Talavera podría asumirse como presidenta en los próximos días, pero hace falta que las instituciones del SNA la reconozcan como tal, por ejemplo, cuando ella las convoque a sesión.
Talavera, sin dudas
Patricia Talavera Torres tiene, al menos, dos denuncias en su contra, una penal y una administrativa, porque se presume que pudo haber ejercido un cargo sin tener un documento que la avalara para ejercerlo, como lo dio a conocer MILENIO el pasado sábado 24 de enero.
Desde 2022, Talavera arrastra dudas sobre la validez de su designación porque no se emitieron en tiempo y forma los documentos que avalaran su elección por parte de la Comisión de Selección: no hubo un acta firmada por los integrantes de ese órgano que lo dejara por escrito y su constancia de designación tuvo, por varios meses, sólo dos de ocho firmas requeridas.
No obstante, en reiteradas ocasiones, Patricia Talavera ha reiterado que no existen dudas de su nombramiento al interior del CPC.
También ha afirmado que no hay impedimento para que ella asuma el cargo de presidenta del SNA, pues hay resoluciones de tribunales federales que sobreseyeron los amparos que se promovieron desde 2022 en contra de su designación, con lo que las dudas habrían quedado disipadas.
Ella ha argumentado que cuenta con toda la documentación que respalda su designación y que su cargo es legal y legítimo.
“No falta nada. Con la poca experiencia jurídica que es el doctorado en Derecho, a pesar de que no tengo la licenciatura, las instancias correspondientes son los tribunales; tres amparos sobreseídos, no hay más legitimación que ésa”, expresó en entrevista la semana pasada.
LG
