Vania Pérez Morales, nueva presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aseguró que este entramado institucional no ha dado resultados contra la corrupción en favor de los ciudadanos y considera que sólo se ha simulado, por lo que tiene que relanzarse con una reestructura y nuevas leyes.
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En entrevista con MILENIO, la funcionaria enumera factores que, en su opinión, no dejan avanzar al sistema, como se esperaba con la reforma constitucional de 2015.
La especialista señala que al SNA lo han frenado la falta de coordinación, la burocracia, la ausencia de voluntad política, el desinterés de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la incapacidad para armar buenos expedientes y vacíos legales.
No obstante, no da todo por perdido y asegura que, con los ajustes necesarios y con nuevas leyes, que incluyan nuevas conductas de corrupción —como la extorsión sexual— el sistema puede tener una última oportunidad y ser relanzado.
En este sentido aseguró que "hay muy buena disposición de la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro. Es uno de los temas prioritarios de ella".
"Es un sistema que requiere más tiempo, pero ya no podemos simular que estamos trabajando contra la corrupción y no dar resultados", asegura.
Doctora en Ciencias Políticas por la UNAM, Pérez Morales es integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA desde 2021, y durante este año, el último, le corresponde presidir el Sistema.
—¿Cuál es la situación actual del SNA?—
"El sistema está en terapia intensiva. A 10 años de la reforma y a 8 años de la implementaciones es muy doloroso ver que no hemos dado los resultados a la ciudadanía que merece, por burocracia o porque algunos han utilizado los recursos del sistema como patrimonio personal y temas que deberían funcionar.
"Como la Plataforma Digital Nacional (PDN) ─principal herramienta del SNA─, como un sistema para que las autoridades hagan mejores investigaciones, no están jalando. No tenemos resultados tangibles por los que el ciudadano pueda decir 'me cuesta menos la corrupción o me afecta menos'".
—¿De qué ha servido que el sistema esté encabezado por ciudadanos?—
"Pusieron a la ciudadanía en el centro para que no fuéramos cooptados por el poder, en ese entonces el PRI o ahora, Morena.
"Que fueran ciudadanos con experiencia en rendición de cuentas, y ha sido un gran aliento, pero también ha sido nuestra 'criptonita'. Hay autoridades que dicen 'Contigo no voy a trabajar porque no tienes el nivel que yo tengo'".
—¿Qué le falta al sistema?—
"Le faltan dientes. El CPC tiene una herramienta que se llama ‘recomendaciones no vinculantes’, pero son llamados a ‘pórtate bien’. Algunos puestos son utilizados como favores políticos".
"Las secretarías técnicas, que deberían ayudar al sistema, no han dado resultados porque se han alejado del ciudadano. Por medio de la PDN no hemos detectado un solo caso de corrupción que se haya convertido en denuncia.
"Falta el trabajo coordinado y decidido de la ASF con la Secretaría Anticorrupción, pero por el propio titular de la ASF, sabemos que no hay interés.
"Necesitamos fiscalías independientes. Los casos, en muchas ocasiones, no llegan bien armados por auditorías o contralorías y le cargamos la responsabilidad a la fiscalía, pero cuando ves los casos están mal armados y no logran convertirse en carpetas, menos en sentencias, menos en resarcimientos"
—¿Pareciera que al gobierno no le importa el sistema, como que ya quedó olvidado?
"Hay muy buena disposición de la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro. Es uno de los temas prioritarios de ella.
—¿No ves intención de desarticular al sistema?—
"No veo".
—¿Va a continuar?—
"Va a continuar, vamos a fortalecerlo. Necesitamos un catálogo nuevo de delitos. Incluir el lavado de dinero es fundamental, incluir el reconocimiento de las víctimas es completamente necesario y proteger a los denunciantes".
—¿Qué leyes estaríamos viendo en los próximos meses para reforzar al sistema?—
"Una Ley General Anticorrupción, donde se incluirá la protección a denunciantes. Hay que incluir a las factureras y los notarios y eso significa actualizar el Código Penal. Vamos a reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas porque hemos encontrado que se están usando delitos sexuales como moneda de cambio".
—¿Es como un relanzamiento o un SNA reloaded?—
"Sí, así lo estamos viendo y creo que, con cámaras empresariales, académicos, sociedad civil, autoridades, es un nuevo relanzamiento para reafirmar que estamos trabajando y que seguimos aquí".
—¿Cómo le afectará al SNA la ausencia del INAI y del CJF, que desaparecerán?—
"Dentro de las cosas que no funcionaron, está el CJF. Es de estos que decían: 'Tú, ciudadano, ¿qué me vas a venir a decir a mí, si yo soy el Poder Judicial?'.
"Para la prevención, detección y sanción de la corrupción, no aportaron nada; sin embargo, no pasó eso con el INAI. El INAI aseguraba el derecho a la información, la protección de nuestros datos y era una lucha y una ganancia ciudadana.
"Lo que debemos cuidar es que no perdamos esos derechos y cómo le vamos a pedir cuentas al Poder Judicial y al Poder Legislativo".
—¿Qué falta para que la ciudadanía opine que el SNA sí sirve?—
"Recuperar activos. No solamente es rastrear el dinero, sino que regrese. Han pasado 10 años y pareciera que seguimos en ceros.
"Cuando tenemos niveles tan altos de corrupción, es muy fácil ver el vaso medio vacío o vacío. Nos falta muchísimo por hacer. Me parece adecuada la digitalización anunciada.
"En el Índice de Percepción de la Corrupción, los países con mejores calificaciones tienen simplificación administrativa de trámites y digitalización de servicios.
ksh
