Crear la figura de tiempos del Estado en redes sociales para fiscalizar y regular el proselitismo en internet, volver obligatorio el voto en consultas populares y el servicio en casillas, y duplicar la capacidad de cada casilla para ahorrar dinero, son los puntos en la mayoría de consejerías no coincide que se presenten como propuestas técnicas del INE para la reforma electoral.
MILENIO consultó a las consejerías que esta semana debatirán en privado la construcción de una nueva propuesta para la reforma electoral, luego de que fue rechazado el primer documento que se elaboró desde la Secretaría Ejecutiva.
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Las consejerías prevén poner sobre la mesa eliminar decenas de puntos que consideran que no explican cómo se llegó a esa conclusión, por lo que pareciera sólo un recopilado de ideas planteadas en los foros y documentos entregados en los últimos meses, pero no un estudio técnico que garantice una mejora al sistema político-electoral.
De las propuestas planteadas en el documento de la Secretaría Ejecutiva que la mayoría de las consejerías no respalda, destaca la de crear la figura de “tiempos del Estado en espacios digitales” que para algunos integrantes del Consejo General implicaría censura previa pero además, un proceso complejo “para el que no hay una base de estudio” pues “las redes no son concesiones del Estado”.
El documento explicaba que el modelo de comunicación vigente estaba diseñado para los medios tradicionales de radio y televisión, pero “el debate público y la competencia electoral han migrado masivamente a entornos digitales”, por lo que “es necesario reconocer expresamente la competencia del INE para regular el acceso, la transparencia y la fiscalización de la propaganda en el ecosistema digital, creando la figura de ‘tiempos del Estado en entornos digitales’ o un régimen equivalente de acceso y control”, a fin de tener “reglas claras de acceso igualitario, trazabilidad de pautas y medidas cautelares oportunas en línea”.
Aunque varias consejerías sí respaldan el que se legisle el uso de redes sociales en campañas, consideran que no existe un modelo para tratarlas como tiempos oficiales del Estado ni determinar los tiempos a los que podrían tener acceso los partidos o candidaturas.
Otro de los puntos más controversiales, es la idea de incrementar la capacidad de votación de cada casilla pasando de 750 a mil 500 electores como una apuesta para instalar menos casillas en todo el país y por lo tanto, generar ahorros en el costo de las elecciones.
Sin embargo, para las consejerías no hay un sustento logístico ni operativo para esta decisión, ni se ha hecho un análisis de viabilidad de lo que implicaría concentrar a más electores en una misma casilla o si esto implicaría más filas y tiempo de votación.
Además, la propuesta de volver obligatorio el voto en consultas populares y la participación para integrar las mesas directivas de casilla cuando algún ciudadano resulte sorteado, estableciendo incluso sanciones.
Crear un Modelo Nacional de Financiamiento Equitativo para los OPLES con convenios obligatorios, es otro aspecto que varias consejerías considerar que resulta inviable.
Acciones afirmativas y contiendas equitativas sin intervención de gobiernos, la nueva apuesta
En contraste, varias consejerías consultadas van por temas que no son siquiera mencionados en el documento calificado por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, como un primer “saque”, como garantizar la equidad en la contienda, que ha sido el ilícito más denunciado en los últimos procesos electorales.
Las consejerías consideran que debe haber reglas claras para garantizar un piso parejo de competencia “sin intervención de servidores públicos ni propaganda gubernamental interfiriendo en las elecciones” usando programas sociales u otro tipo de coacción del voto.
Las últimas dos elecciones son consideradas una clara referencia de estos cambios urgentes, como los procesos anticipados en la pasada elección presidencial con las conocidas ‘pre-precampañas’ y las llamadas ‘corcholatas’; así como los acordeones o el gobierno asumiendo funciones exclusivas del INE como convocar a la elección judicial.
Para las consejerías debe haber sanciones para los titulares del Ejecutivo federal y estatal que están ausentes en la legislación, un punto en el que coinciden con la propuesta que Morena había presentado y que es una de las principales ideas de Pablo Gómez, para que cualquier funcionario de cualquier nivel pueda ser sancionado por ilícitos electorales.
Así como reforzar las obligaciones de las autoridades del Estado mexicano para colaborar con las investigaciones del INE en materia de fiscalización, luego de que se ha señalado que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República rechazan colaborar para rastrear dinero ilícito en las campañas, o la tardanza en dar respuesta a requerimiento por parte de otras áreas como el SAT o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
También, varias consejerías coinciden en que es urgente que se legislen las acciones afirmativas pues hay vacíos legales y aunque los Congresos locales y federal están obligados a legislar en la materia, como la paridad en ayuntamientos, gubernatura y en la Presidencia de la República siguen en deuda, dejando en manos de las autoridades electorales ajustar los espacios para las mujeres en cada elección.
Mientras tanto, este lunes, la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral encabezada por Pablo Gómez recibirá la propuesta de organizaciones civiles, asociaciones especializadas y locales que el INE recibió de todo el país, aunque el instituto ha insistido en señalar que no será la propuesta de la autoridad electoral pues ésta se entregará el 12 de enero, y este lunes sólo darán acompañamiento.
IOGE
