El Tribunal Electoral validó que el INE siga rastreando el origen del dinero con el que el actor ultraconservador Eduardo Verástegui financió sus aspiraciones presidenciales en 2024, principalmente, por las transferencias de 6.9 millones de pesos que recibió desde el extranjero y que no cuadran con sus ingresos.
El actor, que no logró obtener el registro para aparecer en la boleta presidencial, acudió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esperando que ordenaran cerrar la investigación que el INE inició desde 2024 y que no ha terminado, pero recibió un rechazo unánime.
Verástegui recurrió al TEPJF luego de que, hace dos años, en febrero de 2024, el Consejo General del INE acreditó varias trampas en los reportes de fiscalización del aspirante, como omisión de reportar gastos en propaganda, no presentar comprobables de contratos, omitir aclarar gastos e ingresos, y sobre todo, por varias transferencias internacionales que superaban los 6.9 millones de pesos.
El Consejo General exhibió que ese dinero “ingresó al país para impulsar la obtención de firmas de apoyo de la ciudadanía” y cuando se le pidió información al actor, entregó información testada.
Aseguró que las cuentas eran suyas, pero con información testada no se pudo observar el saldo promedio ni el balance final para acreditar que era dinero propio y al volver a hacerle requerimientos, el ultraconservador argumentó que “por razones de seguridad personal” no podía entregar la información.
Las consejerías explicaron que hubo transferencias de una consultora política con sede en Miami, de nombre Partner 305 LLC, dos de las más relevantes por 450 mil dólares y otra por 340 mil dólares.
“En ninguno de los dos casos, el aspirante contaba con los recursos para fondear su recolección de firmas, la investigación demuestra que tendría que haber generado más de un año de sus ingresos, situación que genera suspicacias sobre le verdadero origen de los recursos reportados”, explicaron los consejeros.
El Consejo General le perdonó una multa que se estimaba en 1.4 millones de pesos y que acabó en 144 mil pesos, porque el actor argumentó que no tenía capacidad económica para pagar la sanción completa, lo que fortaleció el argumento de que le habría sido imposible hacerse esas transferencias millonarias con recursos propios.
A dos años de que el INE no haya vuelto a mencionar el tema, Verástegui acudió al Tribunal Electoral pidiendo que se declarara la caducidad del caso porque no ha avanzado el tema, sin embargo, el INE informó a la Sala Superior que sí sigue investigando, por lo que las magistraturas aprobaron que el proceso continúe.
“Del análisis del material denunciado, el proyecto propone calificar como infundados los agravios relativos a la omisión y a la caducidad, porque de las constancias del expediente se advierte que, desde el inicio del procedimiento en abril de 2024 y hasta junio de 2026, la autoridad ha desplegado de manera continua diversas diligencias de investigación, las cuales incluso motivaron la ampliación de las conductas en materia del procedimiento para llegarse de más información respecto de esas conductas".
“En esa misma línea, se considera que los agravios relacionados con la competencia de la autoridad y la tipicidad de la conducta investigada son inoperantes al referirse a cuestiones propias del fondo del procedimiento sancionador y no guarda relación con la omisión impugnada ni con la caducidad cuya actualización se pretende, de ahí que se proponga declarar inexistente la omisión reclamada e infundado el planteamiento relativo a la caducidad de la facultad sancionadora”.
Por lo que el INE deberá seguir investigando e informar si acreditó algún ilícito, compartiendo información con la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, autoridades a las que desde febrero de 2024 les dio vista para que también investigaran y se esclareciera el origen de esos recursos con los que Verástegui financió la recolección de firmas que apenas rondó el 15 por ciento de la meta.
EHR