M+.- La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece que los titulares de todas las instituciones que componen su órgano de gobierno deben, obligatoriamente, sesionar de forma ordinaria por lo menos cuatro veces al año. Sin embargo, en todo lo que va de 2026, esto no se ha llevado a cabo.
Así lo confirmaron en respuestas a solicitudes de transparencia enviadas por MILENIO tanto el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) como el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del mismo sistema.
Según las respuestas oficiales, las únicas dos reuniones que han sostenido los integrantes del sistema fueron encuentros de carácter extraordinario convocados en enero por la entonces presidenta saliente del SNA, Vania Pérez Morales. Ello, tanto del comité coordinador como del órgano de gobierno. Pero de las sesiones que por ley deben realizarse no va ni una.
“Ni el órgano de gobierno de la SESNA ni el comité coordinador celebraron sesiones ordinarias durante el periodo del 1 de enero al 9 de julio de 2026”, indica la respuesta que en ese momento estableció un corte a julio. La misma situación, de acuerdo con autoridades consultadas, prevalece hasta la fecha.
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Ley estipula sesiones ordinarias que han sido incumplidas
De acuerdo con la referida ley, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) está integrado por un comité coordinador compuesto por la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Comité de Participación Ciudadana. El titular del CPC funge como presidente del sistema.
El artículo 13 de la misma ley establece que los titulares de las instituciones que conforman el comité coordinador “se reunirán en sesión ordinaria cada tres meses”, es decir, cuatro veces al año. Se agrega que el secretario ejecutivo del SNA convocará a dichas sesiones a petición de la persona presidenta del sistema, o sea, de la titular del CPC.
Además, el artículo 28 establece que la SESNA tendrá un órgano de gobierno compuesto por los mismos titulares del comité coordinador que “celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias por año, además de las extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar los asuntos de su competencia”. Se añade que dichas sesiones serán convocadas por la persona presidenta del SNA.
Sin embargo, ninguna de esas sesiones ordinarias se ha llevado a cabo, como confirmaron la SESNA y el CPC al responder las solicitudes de transparencia con folios 341637000007826 y 342459800002826.
Ni sesiones… ni dirección
Los últimos encuentros que sostuvieron algunos de los integrantes del SNA fueron dos sesiones de carácter extraordinario que se realizaron a principio de año, de acuerdo con las respuestas recibidas. Una fue el 19 de enero del órgano de gobierno y la otra el 26 de enero del comité coordinador.
Dichas sesiones extraordinarias fueron convocadas por la entonces presidenta del CPC y, por ende, del Sistema, Vania Pérez Morales, quien un mes después dejó dicha responsabilidad tras concluir su periodo de un año.
Información a la que este medio tuvo acceso indica que en la sesión extraordinaria del 19 de enero se presentó el acuerdo número SE-OG-SESNA/19/01/2026.06 en el que se determinó no autorizar la firma del contrato anual con los dos integrantes restantes del CPC, Blanca Patricia Talavera Torres y Rafael Martínez Puón.
Lo anterior es relevante porque, de acuerdo con la rotación establecida, sería Talavera Torres quien asumiría la presidencia del CPC y, por ende, del sistema. Sin embargo, esto no se ha podido materializar legalmente al no haber una relación contractual resuelta.
Dos integrantes del órgano de gobierno del SNA indicaron que, en su momento, Talavera intentó convocar a una sesión ordinaria del sistema, pero al existir dudas sobre quién debe asumir su dirección o presidencia, dicha sesión no se llevó a cabo.
Las mismas autoridades consultadas indicaron que la decisión de suspender la firma de los contratos está relacionada con un proceso de revisión sobre aparentes anomalías en la designación y ejercicio de los referidos integrantes. Aunque hasta el momento no se ha confirmado alguna irregularidad, el tema sigue sin resolverse.
La imposibilidad de que se lleven a cabo las sesiones ordinarias y que tampoco haya habido ninguna sesión extraordinaria desde enero impide, entre otras cosas, el seguimiento a acuerdos previos, que se resuelva el problema de la contratación de los integrantes del CPC, que se revisen casos designados como prioritarios, que se fortalezcan trabajos de coordinación, entre otros.
Inminente reforma y transformación
Autoridades del mismo sistema confirmaron a MILENIO que en los próximos días, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará una iniciativa amplia para reformar algunas de las disposiciones relacionadas con el combate a la corrupción, para modificar aspectos de la ley vigente y dar un nuevo impulso transformador al sistema.
Lo anterior a partir de la premisa de que es necesario renovar el modelo, diseñado durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (la ley general data del 2016), pero que, hasta la fecha, no ha dado los resultados esperados en términos de prevención de actos de corrupción y de reducción de impunidad.
En los últimos dos años, los entes pilares del propio sistema han enfrentado una serie de crisis, sobre todo relacionadas con denuncias de irregularidades, tanto en la dirección del SESNA como entre los propios integrantes del CPC, lo que ha enrarecido su funcionamiento.
Cabe señalar que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2027, el Ejecutivo ha contemplado para la SESNA un presupuesto de poco más de 137 millones de pesos, ligeramente superior al de este año, aunque atenuado por aspectos inflacionarios.
MD
