El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) pidió al Pleno del Órgano de Administración Judicial revocar las determinaciones que impiden autorizar nuevos nombramientos, prórrogas y basificaciones cuando existe parentesco entre personas servidoras públicas, al advertir que la medida vulnera derechos laborales, humanos y constitucionales.
A través de un oficio de reconsideración, el secretario general del STPJF, Jesús Gilberto González Pimentel, sostuvo que “el solo parentesco no puede ser una causa automática para negar el acceso, permanencia o consolidación en el empleo público”.
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El dirigente sindical entregó un documento en el que argumenta que la actual política laboral impulsada por el Comité de Integridad genera riesgos de discriminación y afecta directamente a trabajadores que cumplen con los requisitos legales y acreditan experiencia y méritos propios dentro del Poder Judicial de la Federación.
“El derecho al trabajo digno, la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público, la no discriminación, la progresividad y no regresividad de los derechos laborales, así como la protección del proyecto de vida de la persona trabajadora, están siendo vulnerados”, expone el sindicato en el escrito entregado al órgano administrativo.
El recurso de reconsideración: Mérito propio frente a presunciones de nepotismo
El STPJF reconoció la necesidad de combatir el nepotismo dentro del Poder Judicial, pero advirtió que las medidas de control no pueden aplicarse mediante “presunciones generales” sustentadas únicamente en vínculos familiares.
La organización sindical insistió en que cualquier revisión debe efectuarse de forma “individualizada, objetiva y proporcional”, evaluando el desempeño, perfil profesional y cumplimiento de funciones de cada trabajador.
“Si una persona cumple con los requisitos legales, ha desempeñado adecuadamente sus funciones y tiene méritos propios, no debe ser excluida por su parentesco con otra persona dentro de la institución”, señala el documento.
El sindicato alertó además que la negativa sistemática de prórrogas, nombramientos y basificaciones podría constituir una medida regresiva en materia laboral, al desconocer derechos adquiridos y expectativas legítimas de estabilidad en el empleo.
El impacto en el transitorio de la reforma judicial y proyectos de vida
También advirtió que la política actual afecta el proyecto de vida de cientos de trabajadores y contraviene el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial Federal, al no garantizar plenamente los derechos laborales durante el proceso de transición institucional.
González Pimentel solicitó que se tenga por presentada formalmente la reconsideración y que se revoquen las determinaciones emitidas por el Comité de Integridad.
Asimismo, pidió declarar la inexistencia de impedimento para autorizar prórrogas, nuevos nombramientos y basificaciones en aquellos casos donde las personas acrediten capacidad, experiencia y cumplimiento de funciones, independientemente de vínculos familiares.
AH
