La presidenta Claudia Sheinbaum propondrá a la comisión para la reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez, la eliminación del fuero constitucional de los legisladores.
En el contexto de su primer año de gobierno, adelantó que a más tardar en diciembre entregará por escrito a dicha comisión sus propuestas en materia electoral. “Todavía hay tiempo”, dijo.
—¿En diciembre se presentará la iniciativa?
—No, en febrero, por ahí, el próximo año se va a presentar, pero mi opinión que voy a dar por escrito a la comisión, y que aquí enseñaré, es que no haya fuero. ¿Por qué tiene que haber?, eso es del pasado, la Presidenta no tiene, pues también los diputados y senadores no deben tenerlo.
—¿La idea es que esa reforma entre en vigor para la próxima elección federal?
—Tiene que decidirlo la comisión en función de las propuestas que está recibiendo.
En respuesta a la propuesta de Sheinbaum, la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, y el coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena, Ricardo Monreal, manifestaron su disposición a debatir el fuero de los legisladores si esta figura se entiende como “permiso para violar la ley”.
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López Rabadán sostuvo que ningún servidor puede tener permiso de delinquir, por lo que si esta inmunidad se entiende así, entonces es necesario corregirla.
“Ninguna persona que se dedique al servicio público puede tener permiso para delinquir, robar, huachicolear o violar la ley. Si el fuero se entiende como un permiso para cometer algo ilegal, por supuesto que esa figura tendrá que corregirse”, opinó.
Por separado, el líder de la bancada morenista expresó no tener ningún inconveniente para revisar el fuero constitucional, una vez que la Presidenta envíe su iniciativa al Congreso de la Unión.
“De lo que se trata es de que la comisión de delitos que se haga flagrantemente no se escude en el fuero; es una modalidad que podría revisarse”.
No obstante, consideró que la inmunidad de los legisladores para no ser reconvenidos por sus expresiones debe mantenerse.
En contraste, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, pidió a la titular del Ejecutivo dejar en manos del Legislativo la decisión sobre el fuero.
“Esa es una decisión de nosotros, no de la Presidenta. Yo les pregunto a todos: por qué no hablamos de Michoacán, se están bombardeando. O por qué no nos aclara los asesinatos selectivos (perpetrados) en Ciudad de México, en Polanco”, cuestionó.
“Recurso de la nación”
En la conferencia mañanera, Sheinbaum presentó una iniciativa para endurecer el robo de agua con penas de hasta 10 años de prisión y para evitar que las concesiones del líquido se vendan entre privados.
Se trata, explicó, de una iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y reformar la de Aguas Nacionales, con el objetivo de “devolver el líquido como recurso de la nación” y garantizar que su acceso sea un derecho.
“Este cambio a la Ley de Aguas Nacionales es una buena forma de celebrar el primer año de gobierno. En el 92, en la época de (Carlos) Salinas, cambió esa normativa para convertir las concesiones del líquido en una mercancía, que es transmisible y vendible, entre privados.
“Eso generó no solamente un descontrol en las concesiones, porque muchas veces ni siquiera avisaban a la Conagua, también un uso excesivo, porque no había control de cuánto líquido realmente se estaba utilizando… eso se acaba en la iniciativa que estamos enviando el día de hoy (ayer). Se ordena el uso de agua en el país”, afirmó. En el salón de la Tesorería, Sheinbaum destacó que es un recurso de la nación, según la Constitución, por lo que se puede concesionar, pero no vender ni transmitir esos títulos.
“Estamos enviando una iniciativa que devuelve el agua como recurso de la nación, con esquemas de mucha facilitación en la Conagua, ordenados, muy transparentes, que permitan que si un terreno agrícola con un título de concesión de riego que ahora el propietario —de acuerdo con el ordenamiento municipal— vende para un desarrollo urbano, no se puede usar y deba regresar a la Conagua y otorgarse uno nuevo, a partir de un cálculo de cuánto líquido se va a utilizar”, explicó.
A su vez, la consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, puntualizó que estos ajustes tienen una visión humanista que garantiza el uso eficiente del agua como un derecho y no un privilegio.
En su intervención, el director general de la Conagua, Efraín Morales, destacó que la iniciativa también plantea reformar la Ley de Aguas Nacionales para combatir el robo y el mercado negro de ese recurso.
Morales explicó que se creó un capítulo de delitos hídricos que contempla la explotación, extracción y el traslado ilegal de las aguas nacionales.
“También se establecen elementos para combatir la corrupción en la expedición de títulos y en trámites, y estos se agravan cuando se trata de servidores públicos. Se contemplan desvíos y se incrementan penas que van de uno a 10 años de prisión y de 300 a 4 mil días de multa.
“Un elemento muy importante, que no está en este documento, porque es parte de otro ordenamiento, plantea la Ley de Extinción de Dominio para los casos de robo de agua”, abundó el director del organismo en la conferencia mañanera.
