Tras dar primera lectura al dictamen para fortalecer el combate a la extorsión, el Senado votará este miércoles la reforma al artículo 73 de la Constitución.
El dictamen señala que la extorsión constituye un delito de alto impacto, cuyas repercusiones no se limitan a la afectación individual, sino que afecta al patrimonio colectivo, la economía nacional e incluso, tiene impacto negativo en la estabilidad emocional y psicológica de las personas afectadas.
Destaca que la incidencia del delito se incrementó en los últimos años, al pasar de un promedio de 18.89 casos diarios en 2018 a 29.77 en enero de 2025.
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¿Qué indica el dictamen?
El documento avalado por las comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos y llevado hoy al pleno en primera lectura, refiere que hay disparidad normativa entre el Código Penal Federal y los códigos penales locales, situación que provoca que el combate a la extorsión sea deficiente y que la delincuencia organizada utilice las antinomias jurídicas para evadir la justicia.
De ahí que se busque establecer en la Constitución la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de extorsión y, con ello, evitar una indebida fragmentación jurídica que impacta en la procuración e impartición de justicia y provoca inseguridad para las víctimas.
Además, de establecer el tipo penal, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar esta conducta e incorporar al marco legal los mecanismos efectivos para la atención de las víctimas, ofendidos y testigos.
Extorsión, delito que lidera en México
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el reporte de incidencia delictiva con corte a julio de 2025, muestra que el delito de extorsión sigue siendo un problema recurrente pese a los esfuerzos, por lo que se requiere implementar nuevos mecanismos de prevención y combate efectivo a este delito.
En el dictamen también se destaca que luego de la reforma constitucional, la expedición de una ley general en materia de extorsión constituye un paso indispensable para crear un marco jurídico homogéneo que permitirá establecer criterios uniformes de investigación, persecución y sanción, lo que reducirá los espacios de impunidad y fortalecerá la legitimidad del sistema de justicia penal.
IOGE
