Pese a los cuestionamientos del PAN y del PRI por la militarización de la seguridad pública, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas a los artículos 76 y 78 de la Constitución para otorgar al Senado de la República la atribución de ratificar los grados superiores de la Guardia Nacional.
Avalado en lo general con 348 votos a favor y 98 en contra, el proyecto de decreto fue enviado a las legislaturas locales para su análisis y ratificación.
Al fundamentar el dictamen en tribuna, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional en el Palacio de San Lázaro, Luis Arturo Oliver, expuso que establecer la facultad del Senado de la República para ratificar los nombramientos de coroneles y oficiales superiores de la Guardia Nacional no solo es una actualización jurídica, sino una medida para asegurar que los mandos de todas las instituciones castrenses sean evaluados no solo por el Ejecutivo, sino también por el Congreso.
“Con estas reformas, la Constitución Política se actualiza, se fortalece y responde a las nuevas realidades del Estado mexicano. Honremos con nuestro voto y nuestra voz a quienes dedican su vida a servir a México y hagámoslo con la certeza de que cada decisión que formamos hoy se reflejará en un mañana de mayor confianza y estabilidad para nuestra nación”, dijo el legislador morenista.
No obstante, la vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN, Noemí Luna, reprochó a la mayoría morenista militarizar las corporaciones de seguridad sin establecer controles ni rendición de cuentas.
“Nos dijeron que militarizar y centralizar era para blindar al país de la corrupción y terminaron con marinos huachicoleros en aduanas, con cárteles haciendo negocios con las obras estrellas de Morena y con la Guardia Nacional convertida lamentablemente en un brazo armado sin controles civiles”, acusó.
Así fue la discusión en San Lázaro:
La fracción legislativa del PRI votó igualmente contra de la ratificación de los mandos superiores de la Guardia Nacional por parte del Senado, al considerar que la militarización no es la solución a la crisis de inseguridad, sin fortalecer las policías locales, estatales y municipales.
“Si queremos resolver el problema de la inseguridad, no se necesita una Guardia Nacional con fuero militar, se necesita una estrategia integral, una policía profesional, un Estado garante de los derechos y una Guardia Nacional con mando civil”, remarcó.
A nombre de la bancada priista, el diputado Alejandro Domínguez y sus correligionarias, Nadia Navarro y Xitlalic Ceja, advirtieron que la reforma no busca profesionalizar la seguridad pública, sino consolidar un proyecto de militarización, centralismo y control autoritario.
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