El Senado avaló la reforma a la ley de vivienda que establece la política nacional para que toda persona pueda disfrutar de una vivienda adecuada. Con 75 votos de Morena, PT y Verde y 36 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
El proyecto de decreto establece que la vivienda adecuada, deberá contar con elementos de accesibilidad, para garantizar su acceso a grupos desfavorecidos; adecuación cultural, con lo que se respetan las expresiones de identidad de las personas; asequibilidad, de manera que los costos financieros de un hogar no comprometan otros gastos.
La oposición votó en contra, al acusar que, con estas modificaciones, el gobierno podrá disponer de los recursos de los trabajadores para financiar la construcción.
El morenista Manuel Huerta, presidente de la comisión de Estudios Legislativos, acusó que son falsos los señalamientos de la oposición, al acusar que el modelo de vivienda del PAN y PRI demostraron ser un fracaso. “Estamos discutiendo que el estado debe recuperar las facultades que el PAN y el PRI le dieron al mercado y que el mercado usó para fracasar por 20 años”.
El senador panista Francisco Ramírez Acuña acusó que “bajo el discurso de derecho poner en riesgo la legalidad, la transparencia y sobre todo el patrimonio de millones de trabajadores de este país”, y señaló que el diseño de esta propuesta es riesgoso al convertir en desarrolladores inmobiliarios al Infonavit y el Fovissste.
La senadora priista Mely Romero sostuvo que “el ahorro de los trabajadores no es un recurso gubernamental, no es parte del presupuesto federal, no pueden utilizarlo a su libre albedrío, eso no se puede utilizar para financiar ocurrencias y mucho menos campañas de un partido político, porque sí, también eso está plenamente documentado: cómo toman recursos de las instituciones y los desvían con fines electorales”.
Estos cambios y adiciones corresponden a la reforma constitucional de 2024 enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con estas modificaciones se otorga a las instituciones herramientas normativas para contribuir a subsanar la insuficiencia en esta materia.
Además, se considera la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, para garantizar el acceso a servicios básicos; la habitabilidad, como elemento para mantener la seguridad física de los habitantes del inmueble; seguridad en la tenencia, para que los ocupantes estén protegidos legalmente contra desalojos; y ubicación, para que el hogar se localice en lugares cercanos a sus espacios de trabajo, salud o educación.
Con esta reforma, se faculta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, coordine y promueva programas y acciones de vivienda y suelo, con la participación de los sectores público, social y privado, así como de los organismos e instituciones que financien o construyan vivienda para las personas trabajadoras.
Y para que se promuevan e impulsen las acciones de las diferentes instituciones de los sectores público, social y privado, así como de los organismos e instituciones que financien o construyan vivienda para las personas trabajadoras, para el desarrollo de la vivienda adecuada en los aspectos normativos, tecnológicos, productivos y sociales.
Precisa que los organismos e instituciones que financien vivienda para las personas trabajadoras podrán adquirir, rehabilitar y construir viviendas, realizar demoliciones y financiar la autoproducción de vivienda, así como adquirir o urbanizar terrenos destinados a formar unidades habitacionales, con los recursos de sus fondos, para enajenar o arrendar viviendas, generando las condiciones adecuadas que permitan obtener un crédito barato y suficiente.
También podrán transmitir bienes inmuebles y las unidades privativas con uso distinto a vivienda, de su propiedad, conforme a las disposiciones que al efecto se establezcan. Los conjuntos habitacionales que, en su caso, se construyan, rehabiliten o adquieran podrán incluir unidades privativas destinadas a servicios complementarios.
De acuerdo con el dictamen aprobado, estas acciones, se realizarán salvaguardando en todo momento el patrimonio de los fondos de vivienda y los derechos de las personas trabajadoras, y en ningún caso tales acciones podrán comprometer la solvencia y sostenibilidad financiera de los fondos, ni los derechos adquiridos por las personas trabajadoras conforme a las leyes aplicables.
LG
