Por unanimidad, el Senado aprobó en comisiones la iniciativa preferente enviada por el presidente Enrique Peña Nieto para incluir en el sistema educativo nacional a los 'dreamers' que sean deportados, aunque permitirá a otros estudiantes en tránsito incorporarse con la eliminación del papeleo.
En sesión de las comisiones dictaminadoras, el panista y presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, resaltó que las principales aportaciones del dictamen a la Ley General de Educación y al Acuerdo 186, que corresponderá definir a la Secretaría de Educación, recogen las propuestas hechas en los foros convocados.
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Particularmente, el dictamen garantiza que todas las personas que habitan en el país tendrán las mismas oportunidades para transitar en todos los niveles del sistema educativo nacional, eleva a rango de ley la facultad de la SEP de establecer normas de control escolar que faciliten la inscripción, reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación de los alumnos de educación básica.
En lo que corresponde a los niveles profesionales, se autoriza a las instituciones de nivel superior con reconocimiento oficial a suscribir convenios con la SEP para tramitar revalidaciones y equivalencias parciales de acuerdo con un conjunto de lineamientos que expedirá la SEP a más tardar en un plazo de 12 meses a partir de la promulgación de este decreto.
Los artículos transitorios prevén que las autoridades educativas podrán coordinarse con otras instituciones para implementar "planes de emergencia" y acciones afirmativas dirigidos a atender a personas en situación de vulnerabilidad.
El dictamen propone que se considere como "personas en vulnerabilidad" no sólo a los migrantes, sino también a los grupos que enfrenten mayor rezago educativo con situaciones específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional o en contextos relacionados con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales.
Además, el Senado incluyó disposiciones para que la autoridad escolar emita un marco nacional de "cualificaciones", a fin de reconocer las competencias profesionales y la experiencia laboral de los trabajadores deportados.
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Según el proyecto de dictamen, la autoridad tendrá que garantizar el acceso a la educación básica y media superior, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad.
"Esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos de calidad. Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos referidos, así como, en el caso de la educación básica y media superior, la ubicación por grado, ciclo escolar o nivel educativo que corresponda conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y, en su caso, saberes que previa evaluación demuestren los educandos".
También se otorgan a la autoridad federal atribuciones exclusivas para expedir, en el caso de los estudios de educación básica, normas de control escolar que faciliten la inscripción, reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación de estudios de los educandos.
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Asimismo, se regulará el marco nacional de cualificaciones y el sistema nacional de créditos académicos que faciliten el tránsito de educandos por el Sistema Educativo Nacional, al tiempo que se vigilará que las autoridades escolares cumplan con las normas a las que se refiere la fracción VIII Bis del artículo 12.
SBG
