El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) promovió un juicio de amparo para obligar al Senado de la República o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a que nombren a los 18 magistrados especializados anticorrupción que siguen pendientes de asignar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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"Se trata de los 18 magistrados que deben integrar la Sección Especial de la Sala Superior y cinco Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; los magistrados anticorrupción forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción, y serán ellos quienes resolverán en exclusiva las sanciones aplicables a servidores públicos y particulares que cometan faltas administrativas graves, como el peculado, el cohecho, el desvío de recursos públicos y el enriquecimiento oculto", explicó el CPC en un comunicado.
El paquete de 18 magistrados, que ya fue propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto, debió haber sido ratificado en el Senado de la República por mandato constitucional a más tardar el 18 de julio de 2017, para que el 19 de julio entrara en funcionamiento el SNA.
El 24 de abril de 2017, Peña Nieto nombró a los 18 magistrados, pero "el Senado no cumplió con su obligación de ratificarlos, ni en forma previa ha verificado la idoneidad de los magistrados, así como tampoco ha sujetado el procedimiento de ratificación a los principios de transparencia, máxima publicidad y parlamento abierto a observarse en el caso de funcionarios integrantes del SNA", agregó el CPC, que encabeza Mariclaire Acosta.
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Reclamó que "a la fecha nos encontramos ante un SNA incompleto, siendo esta la justificación de la promoción del juicio de amparo por parte del CPC, el cual pretende que el Poder Judicial de la Federación ordene al Senado de la República a cumplir, por un lado, con obligación de ratificar a los magistrados anticorrupción, previo acatamiento de los principios antes señalados".
