La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el acuerdo del Congreso de Nuevo León mediante el cual se desechó el veto que el gobernador Samuel García Sepúlveda pretendía aplicar a seis decretos legislativos.
Por unanimidad y sin discusión, el Pleno del alto tribunal avaló el proyecto presentado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, declarando infundados los argumentos promovidos por el Ejecutivo estatal.
En su impugnación, García Sepúlveda alegaba que el Poder Legislativo local vulneró su facultad de veto, así como los principios de división de poderes, legalidad y debido proceso.
Asimismo, cuestionó la constitucionalidad del artículo 68 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Nuevo León, ordenamiento que regula las facultades de la Comisión de Estudio Previo.
Dicha comisión legislativa determinó en su momento que las observaciones enviadas por el mandatario estatal ingresaron fuera del plazo constitucional de 10 días hábiles.
Entre los retrasos señalados destacaron desfases de hasta 167 días para el Decreto 184, 22 días para el Decreto 118 y 20 días para el Decreto 148, además de extemporaneidades en los decretos 139, 151 y 263.
Derivado de lo anterior, el Acuerdo 687 del Congreso determinó desechar las observaciones e instituir como sancionados los seis decretos.
A pesar de que el mandatario sostuvo que la Comisión de Estudio Previo carecía de atribuciones para desechar sus observaciones, la resolución del alto tribunal concluyó que el artículo 68 Bis no contraviene el principio de división de poderes y que las irregularidades procesales alegadas no tienen un efecto invalidante.
"El Congreso del Estado puede válidamente prever la creación de una Comisión de Estudio Previo encargada de verificar si las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo fueron presentadas dentro del plazo constitucional correspondiente", sostuvo la ministra Herrerías Guerra durante la presentación del fallo.
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