La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá si la información que el gobierno de Suiza entregó en México puede ser tomada en cuenta en el proceso que enfrenta el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el caso Odebrecht.
Con seis votos a favor y los votos en contra de los ministros Yasmín Esquivel Mossa y Giovanni Figueroa Mejía, el pleno decidió atraer el caso a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).
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El tema tiene que ver con la información relacionada sobre estados financieros entregada por Suiza, la cual fue invalidada por un juez federal en 2024, ya que el Ministerio Público Federal no solicitó el permiso de la autoridad judicial para hacer tal petición a la citada nación.
Esto provocó que los datos de prueba no puedan ser usados ante un eventual juicio oral contra el exfuncionario, lo que ha debilitado el caso de la FGR.
La controversia legal: ¿Tratado internacional o control judicial previo?
Carmen Lucía Sustaita Figueroa, titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la FGR, solicitó a la Corte ejercer su facultad de atracción.
Ahora, el tema será turnado a una ministra o ministro para que elabore un proyecto de sentencia.
La pregunta que se hace sobre el caso es: “¿La incorporación al proceso penal de información financiera obtenida en Suiza y remitida a México mediante el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza, requiere control judicial previo conforme al derecho interno mexicano, o basta que la obtención y transmisión de la prueba se hayan realizado conforme al procedimiento previsto en dicho tratado internacional para considerar válida su incorporación al proceso respectivo?”
Antecedentes y reclamos de la FGR frente al desecho de pruebas
Cabe señalar q ue en la administración de Alejandro Gertz Manero, la FGR calificó de ilegal la decisión de que debe desecharse toda la información bancaria aportada no solo por Suiza, sino también por Brasil y que pretendía usarse ante un eventual juicio oral contra Emilio Lozoya.
Incluso aseguró que los jueces de Distrito y magistrados federales evidenciaron “notoriamente su parcialidad e ilegalidad” a favor del ex funcionario.
Gertz Manero aseguró que las pruebas fueron obtenidas con base en dos Tratados Internacionales que cuentan con nivel constitucional en el artículo 133 y que se aplican constantemente en acciones de colaboración con otros países por parte de entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las que incluso, la propia Corte ha resuelto como legales.
“Hace unos cuantos días y de forma ilegal, evidentemente ilegal, violentando el Código Penal Federal, uno de esos mismos jueces, de esa competencia le otorgó beneficios a Emilio ‘L’, que artículos expresos de la legislación, le niegan”, informó en su momento la institución.
Emilio Lozoya también pretendía que fueran eliminados los testimonios y los interrogatorios de ex directivos de la empresa brasileña Odebrecht que lo señalaron de recibir sobornos.
Sin embargo, la anterior integración de la Corte dejó firme la resolución de un Tribunal Colegiado que puso fin a las pretensiones del ex funcionario.
Es de mencionar que, en este caso, la FGR le imputa los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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