Al considerar que han pasado ocho meses y el Congreso local no ha reformado temas relacionados a la Reforma Judicial y la homologación de Transparencia, el gobernador Samuel García promovió dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte contra los diputados.
De acuerdo con la lista de Acuerdos de la Corte, el Estado presentó la controversia constitucional 265/2025 y 266/2025, argumentando que había plazo que los diputados no cumplieron, por lo que el Máximo Tribunal, según el ejecutivo estatal, debe emplazarlos a resolver los asuntos.
En el caso de la Reforma Judicial, el Artículo Octavo Transitorio de la Reforma a la Constitución Mexicana en la Materia, estableció que las Entidades Federativas tendrían un plazo de ciento ochenta (180) días naturales a partir de la entrada en vigor del Decreto para realizar las adecuaciones a las legislaciones locales de cada una de las Entidades:
“Las entidades federativas tendrán un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales...”, se lee.
Este plazo venció el 15 de marzo.
En junio pasado, los diputados locales afirmaron que comenzaron con el análisis de la reforma al Poder Judicial de Nuevo León, en la búsqueda de aprobar las modificaciones a más tardar el mes de octubre para elegir juzgadores locales en el 2027, pero esto no sucedió.
Para el caso de Transparencia, el plazo venció el 21 de marzo, ya que el Artículo Cuarto Transitorio de la Constitución en amteria de Transparencia estableció que las Entidades Federativas tendrían un plazo máximo de noventa (90) días naturales a partir de la expedición de la legislación mediante la cual el Congreso de la Unión haya realizado las adecuaciones pertinentes, para armonizar sus legislaciones.
“El Congreso de la Unión tendrá un plazo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para dar cumplimiento a éste, salvo lo dispuesto en el artículo Décimo transitorio”, establecieron.
El 16 de julio pasado, al señalar que la transparencia debería ser de alcance para todos, periodistas de Monterrey plantearon a los diputados un órgano de transparencia que logre que la ciudadanía se interese para conocer datos de gobierno.
Los casos fueron turnados a las ministras Lenia Batres y Sara Irene Herrerías.
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