El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, exigió acciones urgentes frente a la crisis de desplazamiento forzado que se vive en comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero, donde cientos de familias han tenido que abandonar sus hogares por la violencia del crimen organizado.
El legislador advirtió que México enfrenta una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas, mientras el gobierno sigue sin contar con una estrategia integral para atender a las víctimas del desplazamiento forzado interno.
“Cuando niñas, niños, mujeres y adultos mayores tienen que escapar de sus comunidades para salvar la vida, el Estado mexicano está fallando en su obligación más elemental: proteger a su población”, señaló.
Moreira denunció que, en comunidades indígenas nahuas de los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera, grupos criminales han provocado una ola de terror mediante homicidios, desapariciones, ataques armados y el uso de drones explosivos, provocando el desplazamiento de entre 800 y mil familias indígenas.
El coordinador parlamentario acusó que comunidades completas quedaron prácticamente vacías tras ataques prolongados contra población civil, mientras que las autoridades federales únicamente han respondido con declaraciones ambiguas y sin una estrategia clara para recuperar el control territorial.
“El desplazamiento forzado no puede seguir siendo invisibilizado ni tratado como un daño colateral de la violencia. Estamos frente a una emergencia humanitaria que requiere respuestas firmes y coordinación institucional”, sostuvo.
Un problema más grande de lo que parece
El priista afirmó que lo que ocurre en Guerrero no es un caso aislado pues, de acuerdo con el Internal Displacement Monitoring Centre, México cerró el año 2024 con cerca de 400 mil personas desplazadas internamente por violencia e inseguridad, una de las cifras más altas del continente.
Por otra parte, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México registró de manera preliminar, en 2025, una cifra de 15 mil 795 personas desplazadas en ocho entidades del país, cifras que deben leerse como mínimos documentados, en un contexto donde no hay un registro oficial integral que dimensione plenamente la magnitud del fenómeno.
En el documento presentado, el exgobernador de Coahuila exige a las secretarías de Gobernación (Segob), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa Nacional y a la Guardia Nacional implementar operativos permanentes de seguridad y recuperación territorial en la región.
Asimismo, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía de Guerrero investigar los homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados registrados en la zona, así como garantizar justicia para las víctimas.
El punto de acuerdo también demanda un programa emergente de atención humanitaria integral para las familias desplazadas, que contemple refugio temporal, alimentación, atención médica, apoyo psicológico, acceso a la educación y mecanismos seguros de retorno.
“No puede normalizarse que grupos criminales controlen territorios mientras miles de mexicanos huyen de sus hogares. El Estado debe actuar con toda la fuerza de la ley para proteger a las comunidades indígenas y rurales del país”, añadió.
AG
