El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para impedir el bloqueo de cuentas bancarias de manera arbitraria y sin orden judicial.
Con ello busca frenar la resolución de la Suprema Corte que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congelar cuentas de particulares sin el mandato de la autoridad judicial.
“La propuesta plantea que sea un juez quien determine si se debe o no congelar las cuentas bancarias; que se establezca de forma clara qué pruebas se necesitan para tomar esa decisión; que se cumplan con al menos dos elementos objetivos y comprobables; que se garantice que la persona pueda defenderse, y que se eviten decisiones arbitrarias basadas en suposiciones”, puntualizó.
Nueva facultad de UIF, perjudicial para ciudadanos: Moreira
El legislador sostuvo que hoy en México existe una preocupación real, porque el gobierno puede congelar el dinero de cualquier persona con base en sospechas poco claras y sin un proceso judicial previo.
“Hoy en día se puede bloquear una cuenta sin que un juez lo autorice; no hay reglas claras sobre qué se considera un indicio suficiente o sospecha; la misma autoridad decide, ejecuta y sanciona; y cualquier persona puede quedar sin acceso a su dinero de un día para otro”, advirtió.
Moreira señaló que esa situación puede afectar a ciudadanos que no han cometido ningún delito, lo cual sería un atentado contra la presunción de inocencia.
Por ello, dijo, “la iniciativa obliga a que congelar las cuentas pase por un juez de control y no que sea directamente por una instancia administrativa”.
Con ese propósito se busca establecer que los indicios con los cuales se va a resolver sean ciertos y provengan de información obtenida por una fuente institucional, nacional o extranjera distinta a la unidad de inteligencia financiera.
Moreira pide reglas claras
El líder de la bancada priista subrayó que la medida pretende evitar afectaciones a ciudadanos sin elementos suficientes para justificar el congelamiento de sus recursos.
Remarcó que no se trata de frenar el combate al crimen, sino de que se haga bien, con reglas claras y sin abusos a personas inocentes, ya que bajo este régimen se violan principios constitucionales fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Carta Magna.
“Estamos a favor del combate al crimen organizado pero el problema es que no podemos permitir o cuando menos tenemos que reducir la posibilidad de un error que afecte a una persona que es inocente”, puntualizó.
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