"Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como Gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad de nuestro lado", se lee en parte del mensaje que Rubén Rocha Moya compartió a través de sus redes sociales el pasado viernes 21 de agosto. Un día más tarde, el morenista volvió a solicitar licencia indefinida.
Tras más de cien días de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y a casi cuatro meses de que su nombre y cargo fueran plasmados en una acusación formal presentada ante el Distrito Sur de Nueva York, la decisión del mandatario estatal con licencia no fue bien recibida ni por parte del gobierno federal ni autoridades.
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Rubén Rocha Moya, junto a Enrique Inzunza -senador de Sinaloa-, se convirtieron en los dos políticos de mayor rango en ser señalados por autoridades estadunidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con la facción del Cártel de Sinaloa que encabezan los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
Si bien en su momento la acusación desató una oleada de críticas y cuestionamientos, ambos funcionarios públicos las enfrentaron con distintas medidas pero defendiendo siempre un único principio: el de su inocencia.
"Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra por personeros de la ultra derecha para dañar, como hoy se sabe a plenitud, al movimiento político de izquierda en el que milito y cuyos principios asumo y represento por completo", sostuvo Rubén Rocha Moya.
¿De qué acusó EU a Rocha Moya y Enrique Cázarez?
A finales del pasado mes de abril el Departamento de Justicia hizo pública una acusación presentada formalmente ante una corte federal del Distrito Sur de Nueva York. ¿Los protagonistas? Diez funcionarios públicos en activo y retirados de Sinaloa, incluyendo al propio gobernador y al senador.
El documento judicial acusa a Rubén Rocha Moya y compañía de haberse aprovechado de su posición dentro del gobierno estatal para favorecer las operaciones del Cártel de Sinaloa en la entidad. Incluso, de forma explícita se ubica a Los Chapitos como los encargados de ayudar a que el militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) llegara a la gubernatura del estado a través del robo de boletas y amedrentamientos en contra de sus opositores.
"A cambio [...] Rocha Moya asistió a reuniones con los líderes de Los Chapitos y otros líderes del cártel en las que Rocha Moya prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas del cártel [...] Entre otras cosas, Rocha Moya ha permitido a los líderes de Los Chapitos colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa", detalla la acusación presentada ante la Corte de Manhattan.
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Sobre Enrique Inzunza Cázarez la acusación también lo señala como partícipe de las supuestas reuniones con Los Chapitos y cómo enlace entre dichos líderes criminales con el gobernador de Sinaloa. Adicionalmente, al senador se le acusó de haber ayudado a colocar a funcionarios corruptos para proteger las operaciones de tráfico de drogas de los hijos de Joaquín Guzmán Loera.
Desde la entrega del control de la policía estatal al grupo criminal y hasta sobornos plasmados en lo que diversos medios de comunicación denominaron como “narconóminas”, la acusación en contra de los funcionarios sinaloenses eventualmente los orilló a pronunciarse. Si bien fueron otros de los coacusados los primeros en hacerlo, tanto Rubén Rocha Moya como Enrique Inzunza Cázarez tomaron sus propias medidas.
La ausencia de Inzunza en el Senado
"Soy un hombre que ha dedicado su vida a aplicar el Derecho y a hacerlo respetar; hice carrera por más de 25 años en el Poder Judicial de Sinaloa, del que fue su Magistrado Presidente por casi 11. Por eso mismo, rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas", escribió Enrique Inzunza Cázarez a través de su cuenta de X un par de días después de que se hiciera pública la acusación en su contra en Estados Unidos.
Asumiéndose como inocente y utilizando como argumento una injerencia por parte del gobierno estadunidense, el senador de Sinaloa se deslindó de los señalamientos en su contra y, aunque mostró disposición para comparecer ante autoridades mexicanas, se rehusó a pedir licencia de su cargo.
Un mes más tarde, Inzunza Cázarez atendió presencialmente un citatorio que le fue girado por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Tal y como reportó el periodista Manuel Aceves para MILENIO, el senador acudió sin un abogado al asumirse a él mismo como su defensor.
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La comparecencia se realizó a puerta cerrada y la dependencia que actualmente encabeza la fiscal Ernestina Godoy no brindó ningún detalle sobre el hecho. Pese a que el senador de Sinaloa aseguró que no recurriría a protecciones procesales derivadas de su cargo legislativo, desde entonces mantuvo un bajo perfil que se limitó a interacciones y pronunciamientos realizados únicamente a través de sus redes sociales o vía remota.
La reportera Silvia Arellano precisó el pasado 8 de agosto que Enrique Inzunza Cázarez cumplió 100 días sin aparecer presencialmente en el Senado a pesar de formar parte de la Comisión Permanente, la cual mantiene funciones en el actual receso legislativo.
Tanto la acusación que pesa en su contra en Estados Unidos como su ausencia en el Senado llevaron a opositores y parte de la opinión pública a exigirle al legislador que solicitara licencia de su cargo. Enrique Inzunza Cázarez ignoró la petición.
El primero de septiembre inicia el periodo ordinario de sesiones en el Senado de modo que al morenista le quedan tan sólo unas semanas para solicitar licencia o, en su defecto, dejar de lado su bajo perfil y presentarse presencialmente.
La licencia y el regreso de Rubén Rocha Moya
Días después de haberse hecho pública la acusación en su contra en el Distrito Sur de Nueva York, Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal para separarse de su cargo como gobernador de Sinaloa en miras de someterse a las diligencias necesarias por parte de autoridades mexicanas.
"Hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado", declaró el militante de la bancada guinda.
Fue en ese sentido que, al igual que el resto de sus coacusados, Rocha Moya se presentó al citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) donde compareció como parte de las diligencias emprendidas por la misma dependencia que, días antes, ya había asegurado que la acusación presentada ante la Corte de Manhattan “carecía de motivo, fundamento y evidencia”.
Aún así, el entonces gobernador con licencia de Sinaloa declaró haber respondido a las preguntas formuladas por un agente del Ministerio Público, mismas que se desconocen. De lo que sí tuvo certeza la FGR es que, dada la falta de evidencia, no era necesario que a ninguno de los acusados se les impusiera ningún tipo de medida cautelar.
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Tras dicha comparecencia, ni la dependencia que encabeza la fiscal Ernestina Godoy ni el mismo Rubén Rocha Moya brindaron detalles sobre el desarrollo del caso lo que provocó que en más de una ocasión surgieran rumores sobre su supuesta sustracción de Sinaloa o incluso hasta del país.
Rocha Moya reapareció un par de ocasiones a desmentirlos, no obstante, fue hasta el viernes 21 de agosto cuando anunció su regreso al cargo de Gobernador de Sinaloa.
“Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como Gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad de nuestro lado”, preció el morenista en su cuenta de X.
Horas más tarde, declinó de regresar a la gubernatura e informó que solicitó, nuevamente, una licencia indefinida para separarse del cargo de gobernador de Sinaloa.
Abrazando su principio de inocencia y argumentando la falta de evidencia en su contra, tanto Rubén Rocha Moya como Enrique Cázarez Inzunza se mantienen en el ejercicio público de su cargo con sus respectivas precisiones y medidas, las cuales distan de la respuesta que han tenido otros de sus coacusados como, por ejemplo, Gerardo Mérida Sánchez, quien se entregó a autoridades estadunidenses u otros cuyo paradero se desconoce.
Mientras el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura se hizo realidad -aunque sea por unas horas- y la aparición presencial de Enrique Inzunza Cázarez en el Senado se mantiene a la expectativa, entre la cúpula de Morena y entre la opinión pública la zozobra pervive ante la posibilidad de un nuevo movimiento por parte de autoridades estadunidenses
ATJ
