Jennifer Krystel Castillo Madrid rindió protesta como administradora general de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Su nombramiento fue avalado con 26 votos de Morena y aliados, 8 en contra del PRI y PAN en la Comisión Permanente.
Al presentar el dictamen, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín destacó que son 16 mil los grandes contribuyentes en el país y destacó que a ellos hay que fiscalizarlos adecuadamente, pero sin que haya una cacerías de brujas.
Te recomendamos
Trayectoria profesional
Señaló que Castillo Madrid cuenta con una trayectoria de 18 años en la función pública, con cargos en las secretarías de Administración y Finanzas, y de Educación del Gobierno de la Ciudad de México, así como en la Oficialía Mayor capitalina; además, en la Secretaría de Energía del Gobierno de la República.
Cuenta con estudios de Licenciatura en Derecho y de Posgrado en Administración Pública, así como diplomados y cursos en derecho tributario, auditoría para prevenir sanciones y en finanzas; además, es candidata a doctora en el área de finanzas.
En contra del nombramiento, la diputada panista Lorena García cuestionó si cuenta con la independencia para encabezar una de las tareas más sensibles y estratégicas púes es la responsable de fiscalizar a los contribuyentes más relevantes del país y por ello la confianza de los ciudadanos debe ser garantizada con su imparcialidad.
Fortalecer y renovar criterios
El senador morenista Cuauhtémoc Ochoa criticó la postura de Acción Nacional y sostuvo que en ese partido están enojados porque ya no pueden beneficiar a unos cuantos con la exención de pago de impuestos.
Antes, durante su comparecencia, previo a su ratificación, Castillo Madrid detalló a los legisladores que su propuesta de trabajo incluye mejorar los procesos de recaudación a través de auditorías más eficientes, mejora en los tiempos de las devoluciones a los contribuyentes, hacer más eficientes los controles y tiempos de resoluciones de las auditorías, así como reducir los plazos de las consultas y autorizaciones requeridas por los contribuyentes.
Asimismo, planteó fortalecer y renovar los criterios de programación de auditorías y consolidar mejores prácticas de transparencia en esos procesos, para lo cual se verificará que las actividades fiscalizables sean principalmente las consideradas “de alto riesgo”, ya que, sostuvo, “no se pretende realizar auditorías excesivas a contribuyentes ni generar actos de molestia innecesarios”.
“Evitaremos auditorías simultáneas al mismo contribuyente, y trabajaremos porque sólo se solicite una muestra representativa de la información a fiscalizar”, precisó.
Propuso uniformar los criterios de revisión para dar certeza jurídica a los contribuyentes y garantizar el respeto a los plazos, a los procedimientos de ley y a los tratados internacionales para evitar la doble tributación.
Respetar los plazos de “caducidad” en el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, además de que en todas las auditorías se apliquen los mismos criterios sin retroactividad de normas, para dar claridad al contribuyente respecto de temas que “más inquietan”, como la propaganda y publicidad, entre otros recurrentes que han sido objeto de consultas.
Por último, Castillo Madrid planteó fortalecer el acercamiento con el contribuyente, a fin de dar claridad a los requerimientos de información, de manera que se tenga certeza jurídica de la información que se requiere y cómo debe ser presentada, esto, añadió, dará como resultado un incremento en la eficiencia operativa y una mejora en los tiempos de resolución de los procedimientos.
ABF
