El 1 de junio de 2025, México vivió un proceso sin precedentes a nivel mundial, pues las y los integrantes del Poder Judicial a nivel federal y local, en el caso de 19 estados, fueron elegidos mediante el voto popular.
Desde la trinchera de quienes defienden los derechos humanos, uno de los aspectos más llamativos de esta elección fue la ausencia de acciones afirmativas a favor de personas y grupos que viven discriminación, como integrantes de la comunidad LGBT+.
A partir de un análisis previo a la jornada electoral, la organización civil Yaaj México consideró que la inclusión de la comunidad LGBT+ a lo largo del proceso fue baja, pese a laimportancia de este sector en la población. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? En MILENIO te contamos.
Los datos sobre inclusión de la comunidad LGBT+ en la elección judicial
Para evaluar el grado de representación de las personas LGBT+ en la elección judicial, el equipo de investigadores liderado por Miguel Ángel Fuentes Carreño consultó las bases de datos proporcionadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales de 19 estados del país.

Entre los principales hallazgos compartidos por Yaaj México, resalta que de un total de seis mil 668 perfiles revisados, sólo 114 mencionaron explícitamente a las personas LGBT+ al hablar de sus propuestas para buscar un cargo en el Poder Judicial, lo que equivale apenas a 1.71%.
El informe destaca que ninguna persona candidata a ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mencionó a la comunidad LGBT+ durante su campaña, mientras que 57.54% de quienes sí lo hicieron aspiraban a un cargo como juez o jueza.
"La entidad federativa donde las candidaturas mencionaron más a las personas LGBT+ en su perfil fue la Ciudad de México (28.97% de todas las candidaturas), seguida del Estado de México (12.3%) y Colima (8.33%)", refiere la organización civil en el documento.
Contrastantemente, los estados con menor inclusión de la comunidad LGBT+ en los perfiles de sus candidaturas fueron Baja California Sur, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala, con 0.4% de menciones en cada uno.
Sumado a ello, se encontró que la cantidad de personas candidatas que había cursado algún diplomado, curso o especialización enfocada en la diversidad sexual era menor a una de cada 100 (0.82%). En el mismo sentido, sólo 0.6% incluyó a la comunidad LGBT+ entre sus motivos para buscar un cargo en el Poder Judicial.

Otro de los descubrimientos compartidos por Yaaj México es que las mujeres candidatas tenían una probabilidad significativamente mayor de mencionar a personas LGBT+ en sus perfiles en comparación con los hombres, pues la proporción fue de 52.40% y 47.20% respectivamente.
La importancia de la SCJN en la materia
E1 11 de diciembre de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte emitió una sentencia con la que validó el matrimonio entre personas del mismo sexo. "Las normas civiles que impiden esta posibilidad provocan una doble discriminación, al privar a las parejas homosexuales de los beneficios materiales y expresivos que se obtienen con dicha institución", advierte la tesis del máximo tribunal.La histórica decisión permitió que el criterio fuera vinculante a todo el Poder Judicial, lo que obligó a las y los juzgadores a nivel nacional a proteger el derecho de las personas para casarse con quien desearan hacerlo.
¿Qué efectos puede tener la baja representación de la comunidad LGBT+ en este proceso?
En su análisis, Yaaj México sugirió que la poca consideración de las personas LGBT+ entre las candidaturas al Poder Judicial podría menoscabar la protección de sus derechos humanos, por lo que emitió las siguientes recomendaciones:
- Capacitación obligatoria en materia de orientación sexual, identidad y expresión de género para personas candidatas al Poder Judicial
- Fomentar que las y los candidatos incluyan de forma explícita a las personas LGBT+ en sus propuestas
- Mayor representación en perfiles mediante acciones afirmativas
- Colaboración con las y los ministros de la Suprema Corte para asegurar que realicen su trabajo con perspectiva LGBT+
- Fortalecer la perspectiva de diversidad sexual y de género entre candidaturas que no mencionan estos temas en sus perfiles
- Trabajar con las personas electas a nivel local para incorporar esta perspectiva en su ejercicio
- Realizar un seguimiento y análisis continuo para monitorear las áreas que requieren mayor atención
¿Por qué en la elección judicial no hubo acciones afirmativas para población LGBT+?
Las acciones afirmativas son mecanismos que las autoridades electorales implementaron desde 2021 con el objetivo de que todos los grupos sociales sean representados adecuadamente en los cargos de elección popular.

Tras la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial que estableció los lineamientos para llevar a cabo la elección, diversos colectivos acusaron que las autoridades legislativas, electorales y la Presidencia habrían incurrido en omisiones por no contemplar medidas para impulsar la representatividad de la población LGBT+ en este proceso.
Las decenas de juicios y acciones legales en este sentido llegaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia que negó la existencia de omisiones el 22 de noviembre de 2024.
"Esta Sala Superior considera que los agravios de las partes actoras son infundados porque el Poder Reformador de la Constitución no vinculó a los órganos legislativos ni administrativos a que establecieran medidas o acciones afirmativas para la elección de personas juzgadoras", puede leerse en el proyecto de resolución SUP-JDC-1323/202.
Dicho de otra forma, se consideró que el reclamo era injustificado porque la reforma constitucional en la materia no obligaba a ninguna autoridad legislativa o administrativa a implementar estas medidas. Para diversos colectivos, esta decisión contradecía una jurisprudencia que el mismo Tribunal Electoral estableció meses antes sobre el tema.
"Existe el deber constitucional y convencional de implementar todas las medidas y acciones necesarias para materializar la igualdad de derechos político electorales de los grupos que sean sujetos de discriminación o en situación de desventaja, entre los que se encuentran las personas de la comunidad LGBTIQ+", versa el proyecto aprobado en abril de 2024.
BM.