El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, aseguró que el gobierno federal está comprometido con garantizar la seguridad de la comunidad Tarahumara, en el municipio de Urique, Chihuahua, y cumplirá con las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de 11 integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui.
En compañía de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Maru Campos, y diversas autoridades estatales, el representante de la Secretaría de Gobernación instaló la Mesa de Implementación de las Medidas Cautelares 876-22 que interpuso la CIDH en enero pasado.
Encinas afirmó que con la detención de dos hombres relacionados con el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y otras dos personas el 20 de junio de 2022, la detención de José “N”, alias El Chueco, está cada vez más cerca.
Sobre los avances en la investigación, Encinas dijo que existe una estrecha coordinación con la Fiscalía de Chihuahua y la Secretaría de Seguridad Pública para que haya justicia, condición fundamental para restablecer las condiciones de paz y de convivencia.
“Refrendar la importancia de mantener una muy estrecha coordinación entre el gobierno federal, el gobierno del estado, los gobiernos municipales de la Sierra Tarahumara y de manera muy puntual la muy necesaria coordinación de las instituciones de seguridad y las fuerzas de seguridad del Estado, con el apoyo de la fiscalía del estado, porque sin esa coordinación no es posible enfrentar de manera clara, firme y decidida al tipo de delincuencia que opera en esta región”, sostuvo.
En compañía de la coordinadora de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Representante Adjunto para México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se establecieron los acuerdos y mecanismos de coordinación que guiarán la implementación de acciones de protección en favor de las once personas que sufren riesgos en su seguridad.
JLMR
