La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, señaló que la iniciativa de reforma al poder judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría socavar la independencia de la judicatura nacional.
Luego de que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Juged) envió un escrito a las Naciones Unidas sobre “los graves efectos de la reforma judicial”, Margaret Satterthwaite realizó un análisis sobre el impacto que está tendría, por lo que alertó sobre la posibilidad la iniciativa sea promulgada sin modificaciones.
La relatora señaló consideró preocupante el contenido de la iniciativa de reforma al precisar que no especifica los criterios aplicables a la selección de candidatos por cada rama de gobierno, además de que tampoco incluye disposiciones relacionadas con el umbral de votos necesario para garantizar la legitimidad de las elecciones.
"Con relación al paquete de iniciativas de reforma presentadas el 5 de febrero de 2024 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados, las cuales considero que podrían socavar la independencia de la judicatura mexicana, en particular de las cortes federales de los Estados Unidos Mexicanos (“México”) en caso de ser promulgadas sin modificaciones sustanciales.
"Las iniciativas propuestas podrían impactar directamente en el funcionamiento de la judicatura al someter el mecanismo de selección de jueces a un procedimiento en el cual las consideraciones políticas podrían fácilmente superponerse a los méritos objetivos de un candidato.
"Estas preocupaciones se intensificarían en el contexto de desconfianza que podría existir alrededor de los procesos de selección judicial que se llevan a cabo en medio de alegaciones sobre corrupción, tráfico de influencias y falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil", señaló.
También mencionó que la reforma judicial carece de “un mecanismo transparente, independiente y accesible” que permita a una autoridad independiente verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad.
La relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, añadió que con la reforma se corre el riesgo de que los candidatos a jueces o magistrados “busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas”, ya que no se establecen procedimientos sobre la conducta que deberán seguir los aspirantes a dichos cargos.
"Adicionalmente, la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas.
"Tales dinámicas suponen riesgos significativos para la imparcialidad de las decisiones judiciales y podrían socavar aún más la confianza pública en una judicatura que ya enfrentaría desafíos relacionados con su reputación e integridad".
ksh
