La Ley de Transición Energética obligará a México a usar cuando menos el 35% de energías limpias en su industria para el año 2024.
Esta ley, complementaria de la reforma energética, regulará el aprovechamiento sustentable de la energía, las energías limpias y la reducción de contaminación en la generación de electricidad.
El ordenamiento surge de la reforma constitucional en materia energética publicada el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.
En el artículo décimo séptimo transitorio de dicha reforma se asentó que el Congreso de la Unión debería realizar adecuaciones al marco jurídico para establecer las bases sobre las que el Estado procurará la protección y cuidado en el medio ambiente en los procesos relacionados con las actividades del sector energético.
La minuta fue aprobada por el Senado, después de un año de discusión, y devuelta a la Cámara de Diputados, se le realizaron cambios para flexibilizar plazos y costos para que los industriales cumplan con la nueva normatividad, que comenzará a aplicarse a partir del año 2018.
Cambios que le hizo el Senado
-A la ley se le introdujo una “fe de erratas” para homologar de 2 a 4 años el plazo que tendrán los participantes obligados para diferir la liquidación de hasta 50 por ciento de sus obligaciones en cada periodo.
-Se cambó el nombre energías renovables
por energías limpias
, para que puedan incluirse las empresas que utilizan gas natural, como es el caso de la industria del acero.
Durante la discusión senadores del PRD y PT señalaron que los cambios que se hicieron de última hora son en beneficio de los empresarios.
¿Qué establece la ley?
La ley establecerá políticas y medidas para impulsar el aprovechamiento energético de recursos renovables y para la sustitución de combustibles fósiles en el consumo final, así como para la reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.
-La Secretaría de Energía (Sener) promoverá que la generación eléctrica proveniente de fuentes limpias alcance los niveles establecidos en la Ley General de Cambio Climático para la Industria Eléctrica.
-La ley fija como meta una participación mínima de energías limpias en todo proceso de generación de electricidad: 25 por ciento en 2018, 30 por ciento a 2021, 35 por ciento para 2024, 45 por ciento a 2036 y de 60 por ciento en 2050.
-La Sener y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) establecerán una hoja de ruta para el cumplimiento de la meta indicativa en un plazo de 260 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de la ley.
-El gobierno federal establecerá obligaciones para que los generadores eléctricos a partir de fuentes fósiles adquieran certificados de energía limpia (CEL), que representan cada uno la producción de un megawatt hora a través de fuentes no contaminantes.
-Las obligaciones de los usuarios derivadas de los primeros años de aplicación de los certificados pueden posponerse cuatro años, por lo que el mercado de CEL podría comenzar a operar liberalizado no en el 2018, sino hasta el 2020.
-Se creará el Sistema de Información de Transición Energética, sus objetivos son registrar, organizar, actualizar y difundir la información en materia de aprovechamiento sustentable.
-Se faculta a la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a realizar actos de inspección y vigilancia a los integrantes de esta industria.
-Fija multas desde 700 pesos a los usuarios que proporcionen información falsa sobre su alto consumo de electricidad hasta sanciones por 5 millones 250 mil pesos para el suministrador de electricidad o distribuidor de gas natural que niegue el servicio de cobranza derivado de los convenios a los que estarán obligados.
-Las multas se duplicarán en caso de que las empresas sean reincidentes.
A esta ley deberán someterse los integrantes de la industria eléctrica en general, así como los usuarios calificados participantes del mercado eléctrico mayorista, sean de carácter público o particular, además de los titulares de los contratos de interconexión legado; entre los que se encuentran consorcios extranjeros, que a partir de enero participarán en la generación y explotación de electricidad.
Los recursos para que la administración pública federal cumpla con las metas serán etiquetados en los respectivos presupuestos de egresos y en fondos de recursos que ya existen para transición, pues el Senado negó la creación un fondo específico.
Reacciones de los industriales
Los industriales consideraron que el proyecto aprobado por el Senado pone “en riesgo la competitividad de México” y solicitan se abra un verdadero debate sobre el tema.
“Solicitamos se abra un verdadero debate sobre el tema, en el cual se analicen y transparenten los costos e impactos que esta iniciativa traería al país”, señala un desplegado publicado este miércoles y firmado por Canacintra, Canacero, Caintra Nuevo León, CCIJ, Camimex, Canaintex y Aniq.
Los industriales afirman que los compromisos de reducción de emisiones que establece la Ley están “muy por encima de los de sus principales competidores”.
