El Senado, la Secretaría de Gobernación (Segob) y los colectivos de víctimas de desaparición forzada afinaron ayer el proyecto de reforma de Ley de Desaparición Forzada de Personas, con cambios para garantizar que el delito no prescriba y se puedan investigar casos como La Guerra Sucia (1968-1980).
El documento incluye incentivos para que quienes cometan ese delito colaboren en la ubicación de las víctimas, al reducir las penas que irán de 20 a 35 años de cárcel.
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De acuerdo con el documento de trabajo, que se podría convertir en dictamen en las próximas horas para ser votado antes de concluir el periodo de sesiones, la reforma prevé por primera vez un registro nacional de fosas, la creación de un banco de ADN, la prohibición de incineración de cadáveres, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Además, se considerará la desaparición forzada cometida por elementos del Estado y por particulares, así como la figura de Persona No Localizada.
Ayer, durante casi ocho horas, las presidentas de las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos y Justicia, las senadoras Cristina Díaz, Angélica de la Peña y Pilar Ortega se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, y los colectivos que agrupan a organizaciones de víctimas de desaparecidos para revisar el documento de trabajo y llegar a acuerdos en los temas encorchetados.
Las legisladoras y Roberto Campa confiaron en que hoy se entregue una versión lista para su dictaminación en comisiones, al destacar que no hubo acuerdos en el mecanismo de búsqueda, pues existen dificultades para crear una policía especial que busque a los desaparecidos, como plantean los colectivos.
"Hay una serie de disposiciones en la ley para que en las tareas de búsqueda se pueda disponer de policías de los tres niveles de gobierno y estamos convencidos que ese esquema va a funcionar", dijo el funcionario.
Por lo que toca a la penalización de desapariciones cometidas en otras épocas, como La Guerra Sucia, el proyecto garantiza que prevalezca como delito continuado, de manera que se podrá seguir investigando.
Aunque tiene que aplicar el principio de no retroactividad para los responsables conforme a la ley “y me parece que hay conformidad de los colectivos”.
En ese sentido, dijo que se modificó el capítulo de penalizaciones para terminar con el llamado "populismo punitivo”.
Michael Chamberlain, asesor del Movimiento por los Desaparecidos, que agrupa a distintas organizaciones del norte del país, subrayó que uno de los cambios fundamentales es la reducción de las penalizaciones entre 20 y 35 años de cárcel a quienes cometan el delito de desaparición forzada, lo que se convierte en un incentivo para que colaboren en la localización de las personas desaparecidas, pues el proyecto contemplaba entre 60 y 90 años.
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Los colectivos propusieron ese incentivo, aunque si un particular o miembro del Estado comete otros delitos conexos como el secuestro o la trata de personas, se sumarán las penas y ello sí puede aumentar los años de cárcel.
Por lo que toca a los desaparecidos políticos de La Guerra Sucia, Chamberlain dijo que se investigará a los responsables, pero no se les aplicarán las nuevas sanciones, sino las vigentes en esa época.
OVM
