De acuerdo a la Ley de Ingresos propuesta por el Ejecutivo estatal y aprobado por el Congreso Local, Hidalgo proyecta un crecimiento del 7.7 por ciento en ingresos propios para el Ejercicio Fiscal 2026, con relación a este año, esto sin la necesidad de crear nuevos impuestos u obligaciones a la ciudadanía, adelantó la titular de la Secretaría de Hacienda de Hidalgo, María Esther Ramírez Vargas.
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El documento consultado por MILENIO establece la proyección de crecimiento en la recaudación por monto de 574 millones 488 mil 754 pesos; es decir que se prevé el ingreso a las arcas estatales de un total de ocho mil 40 millones 554 pesos, superando los siete mil 465 millones 511 mil 800 pesos de este 2025.
Para esto, apuntó Ramírez Vargas, darán impulso a las campañas y programas de regularización fiscal en todo el territorio estatal, al igual que desde el 2022 para mejorar los ingresos propios y no depender de las transferencias federales, pues al momento representan el 89.3 por ciento, mientras que los ingresos propios un 10.7 por ciento del total del presupuesto de Ingresos de Hidalgo, lo que mantiene un crecimiento sostenido en los ingresos propios en relación con el total del presupuesto.
“Buscamos mejorar en atención, focalización y vigilancia profunda a nivel estatal en lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones fiscales, destaca la regularización de impuestos sobre nómina, en este 2025 alcanzamos un monto de dos mil 700 millones de pesos recaudados, son 600 millones de pesos más de la meta establecida, este es un ejemplo de acciones reconocidas por la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien nos dio la más alta calificación de desempeño, Hidalgo está en el primer lugar en eficiencia recaudatoria”, sentenció.
¿Cuáles son los principales riesgos económicos?
Finalmente, la Ley de Ingresos para 2026 identifica riesgos relevantes para las finanzas públicas y plantea acciones para mitigar su impacto. Entre ellos, destaca una posible caída en la recaudación federal participable, lo que reduciría las transferencias al estado y obligaría a fortalecer los ingresos propios para dar continuidad a programas y proyectos.
También considera riesgos derivados de conflictos geopolíticos y la conformación de bloques comerciales, ante los cuales se proyectan acciones que incentiven el cumplimiento de obligaciones tributarias sin afectar la economía familiar. A ello se suma un escenario de crecimiento económico lento e inflación alta, que exige una conducción responsable de las finanzas públicas, así como factores climatológicos —como sequías o inundaciones—, para los cuales se prevé la creación de fondos de reserva.
