El pleno del Congreso del Estado de México turnó a comisiones el análisis de la iniciativa de ley que busca reformar la Constitución local, para poner topes al salario que perciben las y los funcionarios de alto nivel en los tres poderes, órganos autónomos y ayuntamientos, de manera que se terminen los excesos y no existan funcionarios que ganen más que la gobernadora.
El diputado local, Octavio Martínez Vargas, propuso incluir en la Constitución un apartado en el cual se deje claro que “en ningún caso, las remuneraciones podrán ser superiores a la que perciba la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado. Cualquier disposición contraria será nula de pleno derecho, y los responsables incurrirán en las sanciones administrativas y patrimoniales que determine la ley”.
Periodo
En su iniciativa incluye algunos artículos transitorios donde se otorga un plazo de 180 días naturales para que el Congreso del estado, los poderes públicos, los organismos constitucionales autónomos y los ayuntamientos ajusten sus leyes, reglamentos y tabuladores como legalmente corresponde y si es necesario reduzcan sus percepciones.
Si bien la Constitución federal establece que “ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico” y regula los casos excepcionales en los cuales puede percibirse una suma adicional derivada del desempeño de varios cargos o de una función técnica especializada, su redacción no establece que esto se debe atender en el ámbito estatal o municipal de cada estado.
Esto luego de que el pleno del Tribunal Electoral del Estado de México acordó de manera voluntaria reducir su salario en 31% en el caso de la magistrada presidenta, equivalente a 71 mil pesos mensuales brutos, y de 21% en las cuatro magistraturas, equivalente a 41 mil 560 pesos, con lo cual sus salarios quedaron en 97 mil y 92 mil, por debajo de los casi 100 mil pesos que cobra la gobernadora de la entidad.
Hizo hincapié que hay órganos autónomos que deben ajustar sus salarios y definir si el Poder Judicial ya está dentro de los parámetros, a partir de la reforma judicial, “porque todavía no queda claro en qué condición están”.
