La justicia ambiental y el cambio climático deben incorporarse a la capacitación de jueces y a la resolución de asuntos judiciales en Hidalgo, propuso Rebeca Aladro Echeverría, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, durante un encuentro internacional celebrado en el Vaticano.
La magistrada planteó establecer un eje permanente de formación judicial para que las personas juzgadoras conozcan y apliquen criterios jurídicos relacionados con la protección del medio ambiente, los derechos humanos y las condiciones de vulnerabilidad de la población.
“Ninguna persona juzgadora puede aplicar lo que en realidad no conoce”, afirmó durante su participación en el encuentro “Jueces, Litigancia Climática y Derechos Humanos”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Casina Pío IV de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, en Ciudad del Vaticano.
Aladro Echeverría, quien también es vicepresidenta del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales, capítulo México, sostuvo que el reconocimiento del derecho a un clima sano como un derecho humano autónomo, interdependiente e intergeneracional obliga a fortalecer las herramientas jurídicas para atender los efectos del deterioro ambiental sobre otros derechos.
La propuesta contempla que especialistas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Instituto Fray Bartolomé de las Casas compartan instrumentos jurídicos y criterios relevantes con las personas juzgadoras, entre ellos la Opinión Consultiva OC-32/2025, con el propósito de favorecer su conocimiento y aplicación en los asuntos de su competencia.
Además, planteó organizar mesas de trabajo con jueces locales para analizar cómo los daños ambientales pueden tener consecuencias jurídicas en distintas materias, como la civil, familiar, mercantil y administrativa.
La iniciativa busca que la justicia ambiental no quede restringida a litigios relacionados directamente con la naturaleza, sino que sus implicaciones puedan ser consideradas cuando el deterioro del entorno afecte derechos de las personas en procedimientos de diferentes ámbitos.
Otro de los componentes planteados es incorporar la perspectiva de vulnerabilidad y los derechos de las futuras generaciones en la impartición de justicia, con la intención de que las resoluciones judiciales consideren los efectos que las decisiones actuales pueden tener sobre niñas, niños y jóvenes.
La magistrada sostuvo que el cambio climático representa un desafío para los tribunales, que deben contar con herramientas para responder a las nuevas exigencias de protección de los derechos humanos y garantizar el acceso efectivo a la justicia.
La propuesta presentada desde Hidalgo parte de una visión intergeneracional, en la que la protección ambiental también implica considerar las condiciones en las que vivirán las próximas generaciones y su posibilidad de ejercer plenamente sus derechos.
El encuentro reunió a integrantes de tribunales constitucionales, cortes supremas e instancias internacionales, entre ellos Roberto Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los académicos Alberto Filippi y Marcelo Suárez Orozco, integrantes de la junta académica fundadora del Instituto Fray Bartolomé de las Casas.
Durante la primera jornada también participaron especialistas y representantes judiciales de Estados Unidos, Colombia, Argentina, Costa Rica y Chile, quienes abordaron distintos aspectos de la relación entre litigio climático, derechos humanos y justicia social.
