Con la intención de evitar que en los municipios y el Gobierno del Estado se realicen actos de corrupción en los procesos de adquisiciones de insumos y servicios en general, legisladores federales y locales de Morena acordaron este viernes con la organización Ciudadanos contra la Corrupción, reformar diversas leyes estatales.
La diputada federal de Morena, Tatiana Clouthier, y el coordinador de la fracción local, Ramiro González, encabezaron la primera reunión de trabajo de lo que se pretende sean adecuaciones legales que blinden aún más los procesos de asignación de contratos de servicios y bienes materiales.
“Lo que estamos diciendo es: hay maneras donde desde la Ley de Adquisiciones se pueden cerrar las puertas a la corrupción, y también hay municipios muy pequeños en donde se les carga y dificulta por la propia rapidez del papeleo administrativo, dificultándose cumplir con los requerimientos y no es necesariamente un asunto de corrupción.
“Queremos lograr que se cierren todas las puertas al problema mayor que padecemos como sociedad, que es el de la corrupción”, declaró Clouthier.
Por su parte, Ramiro González comentó que las propuestas que surjan serán integradas en una iniciativa de ley que próximamente se planteará al Pleno del Congreso del Estado, ya en el periodo ordinario.
“Es ver los procesos transparentes al final del día, esta iniciativa va a llevar unos procesos en la cuestión de adquisiciones y de regulaciones para los municipios y el mismo Estado, y nosotros los diputados de Morena y la legisladora Tatiana Clouthier, estamos trabajando con Ciudadanos contra la Corrupción en este tema”, comentó.
Sobre el presupuesto
El presupuesto de Egresos del Estado para el 2020 deberá contemplar un aumento al monto otorgado como indemnización a las familias de las víctimas de desaparecidos por la delincuencia organizada, al ser insuficientes los dos millones de pesos que actualmente se destinaron para este rubro, consideró el diputado de Morena, Armando Torres.
El legislador comentó se trata de uno de los temas pendientes a resolver por parte del Poder Legislativo en materia de justicia social.