Para evitar hechos violentos como los que se registraron en los planteles educativos de Monterrey y Torreón, el diputado local del PRI, Álvaro Ibarra, propuso este miércoles elevar a rango de Ley el programa “Mochila Segura”, para garantizar que las revisiones se hagan respetando los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
El grupo legislativo del PRI presentó esta propuesta, luego del reporte de una presunta amenaza de masacre en la Universidad de Monterrey (UDEM). El diputado Ibarra destacó que el programa “Mochila Segura” se implementaría en el nivel de educación básica tanto en los planteles públicos como privados, bajo los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación.
“En esta iniciativa propongo elevarlo a rango de Ley, para que con ello se garantice que la inspección de mochilas se lleve a cabo en todos los planteles de una manera homologada y con pleno respeto a los derechos humanos de los menores. Esto se puede lograr en razón de que el Consejo Estatal para la Prevención, Tratamiento y Erradicación del Acoso y Violencia Escolar, tiene la obligación de emitir antes del inicio del ciclo escolar un Plan General de Prevención, el cual debe de observarse en todos los planteles educativos del estado.
“La propuesta en concreto es establecer que en dicho plan general se establezcan los lineamientos para que a través de las brigadas escolares, otra figura ya existente en la Ley y que cada plantel debe de contar con una, se realice la inspección periódica de las bolsas, morrales, mochilas o cualquier objeto que utilicen los estudiantes para resguardar y trasladar sus artículos escolares, los cuales se realizarán con un enfoque de protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes, privilegiando el interés superior de la niñez”, comentó.
Agregó que en su propuesta contempla un programa de actividades de educación, capacitación y difusión en materia de derechos humanos y el interés superior de la niñez, dirigido a las personas que integren las brigadas escolares.
“Se agrega otro artículo transitorio en el que se especifica la obligación del Consejo de enviar aquí al Congreso cada año, un mes después de haber terminado el ciclo escolar, un análisis y diagnóstico sobre los resultados de la medida, con el fin de que la legislatura en turno evalúe la permanencia de dicha disposición”, señaló.
La modificación al artículo 17 de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar en el Estado de Nuevo León, fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte para su estudio correspondiente.
