El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, instó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel) a investigar la distribución de “acordeones” para orientar el voto de los ciudadanos en la elección de jueces, magistrados y ministros el próximo domingo.
Advirtió que dicha acción configura delitos electorales graves, pues involucra la probable coacción del voto y el uso ilegal de recursos públicos con fines partidistas.
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En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador priista acusó al oficialismo de organizar el acarreo de personas y la intervención de estructuras partidistas y servidores públicos para consumar la destrucción de la independencia, imparcialidad y autonomía del Poder Judicial.
Señaló que diversos medios de comunicación han documentado la distribución masiva de “acordeones” con nombres y números de candidatos a juzgadores, con el fin de orientar el voto.
Moreira detalló que dichos materiales contienen explicaciones de cómo llenar las boletas, con la intención de incidir directamente en la elección.
Denunció además operativos encubiertos para promover dichas listas entre servidores públicos, sindicatos, militantes y ciudadanos, con la finalidad de realizar movilizaciones masivas y orientar a los ciudadanos a votar por las y los candidatos del oficialismo.
Remarcó que uno de las artimañas más visibles es la organización “Construyendo Justicia” como una plataforma promovida por legisladores de Morena para fomentar la participación ciudadana que, lejos de abonar a la legitimidad, solo genera desconfianza, pues evidencia la injerencia del partido en el poder a favor de perfiles afines con la intención de colocarlos en los órganos jurisdiccionales.
“Permitir que los jueces lleguen a sus cargos mediante el respaldo de operadores políticos, estructuras clientelares o pactos cupulares debilita la autonomía judicial y pone en riesgo la función de los tribunales como garantes de los derechos y libertades de la ciudadanía”, alertó.
Urgió por ello a las autoridades electorales y judiciales a actuar con determinación para investigar, sancionar y detener esas prácticas ilegales, a fin de salvaguardar “lo poco que aún queda de autonomía e independencia en el Poder Judicial”.
“El grupo parlamentario del PRI ha señalado con firmeza que la elección judicial no puede ser considerada un ejercicio democrático genuino, pues este se constituye como una farsa electoral promovida desde el poder para simular legitimidad y encubrir una estrategia de control institucional y la captura del Poder Judicial”, dijo.
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