El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, propuso reformas al Código Penal Federal para tipificar como terrorismo el financiamiento del crimen organizado a campañas electorales.
De igual forma planteó definir como imprescriptibles los delitos vinculados a la intervención de las organizaciones criminales en los procesos electorales con actos como el asesinato de candidatos.
“En el Código Penal, yo había pedido, había propuesto, hacer imprescriptibles los delitos relacionados con la intervención del crimen organizado, es decir, que el crimen sepa que si mata a un candidato es imprescriptible, que si lo lesiona, es imprescriptible, y otra cosa que habíamos nosotros propuesto es considerar como terrorismo el uso de recursos de procedencia ilícita en el ámbito electoral, ¿por qué?, porque si tú le pegas a la democracia, le pegas a todo el país, todos los crímenes son malos, pero ese es mayúsculo”, puntualizó.
Al participar en el seminario “Retos de las Instituciones Electorales”, organizado por la Escuela Judicial Electoral, Moreira urgió por ello al Instituto Nacional Electoral (INE) a generar medidas de protección y atención para evitar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
Sostuvo que la delincuencia organizada se ha convertido en una amenaza y en el mayor enemigo del sistema democrático mexicano, pues mata candidatos, impide campañas, presiona autoridades, interfiere en los procesos y cancela a las mujeres la posibilidad de competir.
“Los grupos delincuenciales son un elefante que todos vemos en las calles, que sentimos, que con su movimiento va destruyendo cosas, pero del que poco se habla”, señaló.
El líder del PRI en el Palacio de San Lázaro recomendó por ello al INE la creación de un observatorio para determinar zonas de influencia del crimen organizado, así como identificar prácticas nocivas y acciones que generan la distorsión de los comicios, además de nombrar un comisionado electoral ante el que los partidos puedan solicitar investigaciones especiales en la materia.
Subrayó también la importancia de los observadores internacionales en las zonas de riesgo, la suspensión de campañas cuando se asesine a uno de los candidatos y la obligación de los partidos políticos de condenar en sus documentos básicos, plataformas electorales y propaganda al crimen organizado.
El legislador coahuilense remarcó que el clima de inseguridad pone en riesgo los procesos electorales, pues en 2020-2021 se registraron mil 600 ataques a políticos, siendo los estados más violentos Veracruz, Guerrero, Guanajuato y Morelos.
El saldo total de las elecciones celebradas entre 2017 y 2021 fue de mil 840 crímenes contra políticos y 250 asesinatos.
Moreira reconoció que ya no hay tiempo para una reforma electoral, pero insistió en su llamado al INE a generar medidas de protección y de atención para asegurar procesos más limpios, sin el embate del crimen organizado.
LG
