Con el objetivo de salvaguardar la integridad emocional y profesional del magisterio, diputados de Nueva Alianza Hidalgo presentaron ante el Congreso local una iniciativa de reforma educativa para tipificar y combatir la violencia cibernética dirigida hacia el personal docente.
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De ser aprobada, Hidalgo se convertirá en la primera entidad del país en contar con un andamiaje legal diseñado para proteger a los trabajadores de la educación frente al acoso digital.
De acuerdo con la exposición de motivos, la violencia digital contra los educadores ha mostrado un repunte. Para dimensionar el problema, la iniciativa retoma datos del Módulo sobre Ciberacoso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cuales ubican a Hidalgo en la tercera posición nacional con mayor prevalencia de acoso cibernético, superado únicamente por Yucatán y San Luis Potosí.
Los legisladores señalaron que los docentes enfrentan diversas agresiones digitales perpetradas por alumnos, padres de familia e integrantes de la comunidad escolar, tanto dentro como fuera de las aulas.
Entre las conductas más recurrentes se reportaron creación de memes y stickers humillantes, grabaciones en video sin consentimiento y editadas fuera de contexto, campañas de odio masivas y difamación, así como suplantación de identidad en redes sociales.
Tales conductas, apuntaron los diputados, causan cuadros de estrés, ansiedad, ausentismo e incluso han llevado a renuncias.
La propuesta plantea reformar la Ley de Educación de Hidalgo para tipificar formalmente la violencia cibernética hacia el personal docente como aquella ejercida mediante internet, redes sociales, páginas web, correos electrónicos, imágenes o videos con el fin de burlarse, humillar o limitar su labor educativa.
También amplía la cobertura legal no solo a los maestros frente a grupo, sino también al personal de supervisión, dirección, apoyo y asistencia a la educación. Se aclaró que la iniciativa no requiere recursos económicos adicionales para el estado, puesto que el diseño de las acciones correrá a cargo de las áreas técnicas ya existentes de la administración pública.
Los artículos transitorios del proyecto, el cual será analizado en las comisiones del Congreso local, señalan que una vez que entre en vigor, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) dispondrá de un plazo de 180 días naturales para emitir los protocolos formales e implementar las medidas de prevención y atención en todo el contexto escolar.
“El concepto de violencia cibernética se retoma de la Ley para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar en Hidalgo; sin embargo, se elaboró principalmente para atender los casos contra alumnas y alumnos, por lo que es necesario contar con ordenamientos para la integridad de los docentes”, afirmaron los legisladores.
