Diputados de 'Va por México' presentan acción de inconstitucionalidad contra 'Plan B' electoral

Los grupos parlamentarios de la coalición Va por México (PAN, PRI y PRD) en la Cámara de Diputados interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra el “Plan B” de reforma electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Con la aprobación, por parte del partido mayoritario, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoralse viola la autonomía del INE y se desconoce los principios de especialidad y trabajo técnico calificado del personal del órgano electoral”, puntualizaron.

Sostuvieron que el “Plan B” afecta el derecho al voto y la celebración de elecciones auténticas, viola el derecho a la protección a datos personales de particulares al contemplar el intercambio y flujo de información de cualquier documento e información necesaria por parte del INE.

Los legisladores advirtieron que la creación de un sistema nacional electoral viola lo dispuesto en la Constitución, pues no está previsto en la norma fundamental, se vulnera la autonomía de los OPLES y es inconstitucional cambiar la fecha de inicio del proceso electoral.

Remarcaron que la reforma es regresiva en materia de derechos humanos de las mujeres, pues limita los derechos conquistados a través de una larga lucha de este sector que ha tomado varias décadas.

Asimismo, subrayaron que las comisiones del Senado de la República no estaban facultadas para sesionar de manera separada, pues no se trataba de la sesión de una sola de las comisiones, sino de reunión de comisiones unidas.

“Tampoco se agregaron las observaciones que la Comisión de Justicia debía realizar, ni siquiera se le dio un plazo para poder emitirla y, por ende, se le excluyó de la deliberación del propio dictamen”, señala el documento.

Adicionalmente, no hubo una consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y personas con discapacidad, y se violaron los derechos humanos de expresión, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, al no actuar como un parlamento abierto.

Los diputados del PRI, encabezados por Rubén Moreira, indicaron que se impugna igualmente la modificación de acotar el concepto de propaganda gubernamental, excluyendo actos de las autoridades gubernamentales que sí son abarcados en el marco constitucional.

“Por ello, es procedente conceder la suspensión por existir posibles transgresiones irreversibles de los derechos humanos”, afirmaron.

FR 

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