El Poder del Consumidor (EPC) informó que presentó once denuncias ante la Secretaría de la Función Pública contra funcionarios actuales y ex funcionarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por conflicto de interés al diseñar el antiguo etiquetado junto con una refresquera.
Los ex funcionarios de Cofepris denunciados son el entonces titular Mikel Arriola; el entonces abogado Patricio Caso, y el entonces encargado de operaciones sanitarias, Álvaro Pérez Vega, sobre el cual también existe una carpeta de investigación por el delito de acoso sexual.
Alejandro Calvillo, presidente de El Poder del Consumidor y Javier Zúñiga, coordinador del área jurídica de dicha organización, explicaron en conferencia de prensa que a través de una serie de correos obtenidos vía trasparencia se demuestra que hubo una comunicación entre 2013 y 2016 entre altos mandos la Cofepris con directivos de la empresa refresquera, para elaborar un etiquetado a modo y que en absoluto se encontraba a nivel de la emergencia sanitaria por obesidad, sobrepeso y diabetes.
Aclararon que si bien el nombre de Mikel Arriola no aparece en los correos de intercambio con la empresa refresquera, sí se encuentra en los enviados por la Organización Mundial de la Salud, desde Ginebra, y de la Organización Panamericana de la Salud, en Washington, de que dicho etiquetado era permisivo con el contenido alto de azúcar.
En 2014, recordó Calvillo, interpusieron como organización sin fines de lucro amparos por aprobar un etiquetado que beneficiaba directamente a la refresquera.
Por solicitud por transparencia a la Cofepris, con folio CGJC/1/OR/335/2014, del 3 de junio de 2014, se establece que: “En cuanto al punto consistente en la información de quienes participaron en la definición de los criterios para el etiquetado frontal (…) se señala que las personas que participaron en la definición de criterios atendiendo el ámbito de sus respectivas competencias fueron los siguientes: Lic. Juan Leonardo Menes Solís, Coordinador General Jurídico y Consultivo Cofepris. Lic. Patricio Caso Prado, director general adscrito a la oficina del Comisionado Federal, Cofepris. Dra. Matiana Ramírez Aguilar, directora ejecutiva de evidencia de riesgos, Cofepris”.
La exigencia de El Poder del Consumidor es que la Secretaría de la Función Pública investigue sobre la participación de cada ex funcionario, asimismo de Mónica Téllez Estrada, del módulo de trasparecía de la Cofepris, para que sanciones conforme a derecho, posiblemente con inhabilitación.
Las denuncias en las que se presume un conflicto de interés se presentaron por las comunicaciones que tuvieron, entre 2013 y 2016, altos miembros de la Cofepris, como Patricio Caso y Álvaro Pérez Vega, con directivos de la empresa refresquera.
Durante las reuniones se diseñó el antiguo etiquetado de alimentos (GDA), ampliamente criticado por la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales. También, las comunicaciones reflejan que la Cofepris y la refresquera buscaban colaborar en una defensa en conjunto contra los amparos que se habían sido presentados, en 2014 y 2015, por El Poder del Consumidor y otras organizaciones de la sociedad civil, contra la autoridad y la empresa.
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En conferencia de prensa, Alejandro Calvillo relató que posteriormente, en 2014 y, mediante un proceso opaco en el que se excluyó a sectores de la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales y en desapego a la ley, la Cofepris al mando de Mikel Arriola volvió obligatorio el uso de este etiquetado.
Se hizo a pesar de que la OMS y OPS enviaron correos a la Secretaría de Salud, entonces dirigida Mercedes Juan y luego por José Narro Robles, en los manifestó la ineficiencia de este etiquetado.
De acuerdo con Calvillo, en las solicitudes de acceso a la información sobre la creación del etiquetado, la Cofepris “respondió que el etiquetado no había sido elaborado por un grupo de expertos, únicamente por dos abogados y una ingeniera. Una de estas personas, informó Cofepris, fue Patricio Caso Prado, ex funcionario de la misma Comisión y que ahora trabaja para Coca-Cola”.
El Poder del Consumidor, diversos consumidores y otras asociaciones civiles, interpusieron demandas de amparo en contra de la Cofepris, llamando a juicio a la empresa refresquera.
A la par y derivado de dichos juicios de amparo, en 2020 se inició un proceso legal en los Estados Unidos llamado Foreign Legal Assistance (FLA), en el cual se puede obtener información de empresas estadunidenses que sean relevantes para un juicio en el extranjero.
De acuerdo con Calvillo, los funcionarios de la Cofepris no están involucrados y, de hecho, su titular Alejandro Svarch Pérez, está de acuerdo a que se “llegue hasta las últimas consecuencias”.
