Al argumentar que casi el 90 por ciento de los recursos del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) se destinan a pagos de contratos de las unidades de transporte urbano, el Congreso de Nuevo León solicitó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) realizar una revisión especial.
Durante la sesión, Aile Tamez, presidenta de la Comisión de Movilidad, dijo que la autoridad fiscalizadora debe revisar el proceso de contratación, proveedor contratado, la cantidad de unidades, cuántas hay en servicio, entre otras.
“La correcta administración de los recursos públicos no puede limitarse a acreditar que existe un contrato y que se realizó un pago, en este sentido, la revisión de los contratos administrativos debe comprender no solamente su origen y procedimiento de contratación, sino también su ejecución, cumplimiento y resultados”, enfatizó.
La mayor parte de los recursos del IMA, acusó Tamez, se destinan para el pago de los contratos de arrendamiento de las unidades, algunas de ellas ya fuera de circulación por diversas causas.
“No es para nadie sorpresa decir que Nuevo León enfrenta una crisis gravísima en materia de movilidad y que contar con unidades suficientes, disponibles y en buenas condiciones es indispensable para garantizar un servicio adecuado a la ciudadanía; sin embargo, tener unidades contratadas no necesariamente significa tener unidades efectivamente prestando el servicio”, finalizó.
La auditoría busca indagar en el cumplimiento de las rutas ante los tiempos de espera, con unidades sin clima o con camiones operando más allá de la capacidad.
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