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Viernes , 26.04.2019 / 01:12 Hoy

Piden que MP pueda rastrear a acreedores alimentarios

La propuesta busca generar un mapa de la situación para que las personas que tienen derecho al beneficio puedan acceder al mismo.
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El pleno de Congreso de la Legislatura mexiquense turnó a comisiones el análisis de una iniciativa de ley que permite al Ministerio Público solicitar al Registro Civil información sobre antecedentes de quien tenga la calidad de acreedor alimentario para identificar a un mayor número de personas que puedan hacer valer este derecho, mediante querella o de oficio.

Con la propuesta del diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez se pretende reformar el párrafo segundo del artículo 217 del Código Penal del Estado de México, para que el Registro Civil de la entidad de informes de quienes tienen pendientes obligaciones alimentarias, tomando en cuenta que esta instancia tiene seguimiento de todo lo relacionado con el estado civil de las personas, actas de nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción plena, matrimonio, divorcio y fallecimiento.

“Más allá de sólo ser una obligación jurídica, apuntó, es también una forma de solidaridad humana, que impone la obligación de ayudar al necesitado, máxime cuando quien la reclama es algún miembro de la familia, y es bajo ese supuesto que la ayuda se torna exigible”, aseveró.

Como es necesaria que el Estado salvaguarde estos derechos, cuando el deudor alimentario incurre en incumplimiento, lo cual resulta muy frecuente y por lo cual se creó el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”, en el cual se inscribe a las personas que de manera total o parcial hayan dejado de cumplir con su obligación alimentaria, establecida por mandato judicial o convenio celebrado ante el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial.

Es un hecho, agregó, que el deudor alimentario que incumple con su obligación no dimensiona la magnitud del daño que causa al acreedor alimentario cuando éste no recibe los recursos necesarios para cumplir sus necesidades básicas.

Esto puede generar insolvencia para estudiar, desnutrición, imposibilidad para adquirir alimentos e inclusive la muerte, en casos extremos, sobre todo cuando el acreedor alimentario es una persona desvalida, con discapacidad de cualquier índole.

La omisión en relación con el derecho penal constituye un “dejar de hacer”, se trata de un delito que debe ser sancionado.

LC

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