En las postrimerías de un sexenio que dejó 102 mil 859 asesinatos en el país derivado del inicio de la ofensiva directa a los cárteles de la droga, el gobierno de Felipe Calderón incluyó a su estrategia en seguridad pública el uso —en 2011— del software espía Pegasus.
Lo anterior, bajo la justificación de permitir un trabajo más eficiente en contra de los grupos criminales y que México disminuiría la dependencia de Estados Unidos en labores de inteligencia.
En mayo de ese año, la administración federal se puso en contacto con Eran Reshef, representante del fabricante israelí NSO Group, y con Udi Doenyas, creador de Pegasus, quien se encargó de realizar la primera demostración sobre su funcionamiento.
En septiembre inició un programa de capacitación para agentes mexicanos, pero Calderón ya estaba por regresar el mando presidencial al priismo, tras la victoria de Enrique Peña Nieto en las urnas.
La administración entrante optó por quedarse con el software espía, por lo que realizó una nueva compra que estuvo a cargo de la antigua Procuraduría General de la República y el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
El uso de Pegasus se mantuvo en la sombra, hasta 2017, cuando Citizen Lab —de la Universidad de Toronto— reveló que fue empleado para espiar a un científico del Instituto Nacional de Salud Pública de México (INSP) y dos directores de una organización civil que trabajan en temas de obesidad y consumo de refrescos.
“Esta investigación presenta evidencia de que la infraestructura de explotación y el software espía de NSO se utilizaron para atacar a otras personas en México en julio y agosto de 2016, entre ellas, el Dr. Simón Barquera, un respetado científico de salud del gobierno mexicano, Alejandro Calvillo, director de una organización de defensa del consumidor y la salud , y Luis Encarnación, director de una coalición que trabaja en la prevención de la obesidad”, indicó en su reporte Citizen Lab.
Según el diario estadunidense The New York Times, en compras y contratos, México gastó más de 60 millones de dólares (mil 121 millones 740 mil 200 pesos al tipo de cambio actual) para apoderarse de este spyware malicioso, diseñado para acceder sin autorización a sistemas informáticos, como equipos celulares.
Pegasus, un control total del equipo móvil
El malware Pegasus permite el control total del equipo infectado sin el conocimiento de su dueño.
La trampa suele llegar a través de un mensaje de texto personalizado, es decir, no se trata del típico phishing que se envía de manera masiva esperando que alguien pique el anzuelo, sino que son textos pensados para que el objetivo tenga un mayor interés, lo que deja al descubierto el empleo de “ingeniería social” previo al intento de infección.
Por ejemplo, el 22 de febrero de 2017, a un reconocido periodista le llegó el siguiente mensaje:
“Mi estimado Ricardo hoy publique mi columna en 24 horas, esperando tu mejor opinión saludos: hxxp://bit[.]ly/2lM9jqp”.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales, una de las organizaciones que ayudaron a detectar el uso de Pegasus en México, explicó que la versión de Pegasus de 2017 requería la interacción del usuario pero posteriormente evolucionó a versiones de 'cero clics', con lo que ya no es necesario que el objetivo abra un enlace para lograr la infección del equipo.
En 2019 se documentó que Pegasus aprovechaba vulnerabilidades en aplicaciones como WhatsApp para lograr la infección con una videollamada perdida. En 2021, se descubrió que Pegasus utilizó una vulnerabilidad en iMessage, en los equipos Apple.
“Una vez que Pegasus logra infectar un dispositivo, puede acceder a prácticamente todo: los mensajes de texto, llamadas, aplicaciones de mensajería instantánea (incluso cifradas, como WhatsApp o Signal), libreta de contactos, correos electrónicos, notas, fotografías y, en general, archivos almacenados en el equipo”, alertó la organización.
Pegasus, infiltrado tecnológico contra civiles en la administración de Peña Nieto
En 2021, la organización francesa de periodismo de investigación Forbidden Stories y Amnistía Internacional revelaron que durante su mandato, Peña Nieto ordenó espiar a al menos 15 mil mexicanos, entre políticos, periodistas y activistas.
“Dentro de los 15 mil números mexicanos reportados, se incluyen los de personas defensoras de derechos humanos, familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa”, revelaron al dar a conocer los resultados de la investigación Pegasus Project.
“(Así como) Investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de más de 25 periodistas, incluyendo al periodista guerrerense Cecilio Pineda Brito, asesinado en 2017 unas semanas después de haber sido atacado con Pegasus”.
Que además habría utilizado para espiar a su antecesor Felipe Calderón y a por lo menos 45 gobernadores y ex gobernadores.
También a su sucesor, el ex mandatario Andrés Manuel López Obrador y a unas 50 personas de su círculo familiar y equipo político, incluyendo a la actual presidenta Claudia Sheinbaum.
Periodistas que indagaban cárteles, objetivos de Pegasus
Citizen Lab detalló por su parte que el gobierno intentó hackear por lo menos a ocho periodistas especializados en investigaciones sobre cárteles, luego del asesinato en mayo de 2017 del periodista Javier Valdez Cárdenas, fundador del periódico Río Doce, conocido por sus trabajos de investigación sobre el crimen organizado.
Entre ellos, Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal, director y director de información de Río Doce, respectivamente.
Tras un trabajo de investigación conjunto con las ONG’s Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC, Citizen Lab dio a conocer que entre las personas que recibieron mensajes de texto con enlaces a NSO destacan los periodistas Daniel Lizárraga, Salvador Camarena, Sebastián Barragán, Rafael Cabrera, Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui.
Así como los abogados Karla Michelle Salas y David Peña, representantes de las familias de tres víctimas de feminicidio y un homicidio ocurrido en un departamento de la colonia Narvarte.
La lista incluye al entonces director del Centro Miguel Agustín Pro, Mario Patrón, y otras dos personas de su staff. El titular del Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo; el coordinador de la organización civil Coalición Contra PESO, Luis Encarnación y del doctor Simón Barquera.
Por esos hechos, en junio de 2017 la autoridad federal fue señalada y cuestionada, sin embargo, Peña Nieto aseguró entonces que la tecnología utilizada por su gobierno era empleada para mantener las condiciones necesarias de seguridad y para combatir al crimen organizado.
"Somos un gobierno que condena de manera categórica cualquier intervención que se tenga en la vida privada de quienes son activistas y de cualquier persona", dijo durante un acto en Jalisco en el que rechazó las acusaciones de espionaje.
Peña Nieto enfrenta nuevas acusaciones
El 6 de julio se ventiló, en medio de una disputa legal en Israel, que el ex presidente Peña Nieto habría recibido con 25 millones de dólares por los empresarios israelíes Avishai Neriah y Uri Ansbacher, con quienes durante su administración supuestamente negoció la adquisición del spyware.
El ex mandatario no tardó en rechazar el señalamiento, mediante un mensaje que compartió en sus redes sociales.
"Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente. Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno. Queda la duda, en interés de quiénes, se hace tal publicación", escribió en respuesta a una publicación del diario israelí The Marker.
En la publicación se dio a conocer información sobre un litigio entre Neriah y Ansbacher, dueño de Grupo KBH y proveedor de Pegasus, respecto a un presunto soborno.
En la Mañanera del Pueblo del 8 de julio, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aseguró que ya iniciaron una carpeta de investigación sobre el citado soborno que habría recibido Peña Nieto por la compra del sistema espía.
También mencionó que de manera formal se pedirá al gobierno israelí información que sustente la acusación dada de forma mediática, a fin de darle legalidad.
"Nosotros (tenemos) que darle la judicialidad necesaria para que ese documento quede debidamente establecido como una afirmación pública de unos empresarios de ese país (Israel), que hicieron una declaración en el sentido de que a esta persona (Peña Nieto), le dieron esa cantidad de dinero en esa fecha", expresó Gertz Manero.
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