Movimiento Ciudadano, PRI y Somos llamaron al INE a acatar por completo la orden del Tribunal Electoral que en dos ocasiones ha revocado los lineamientos para observación electoral, por omisiones del Consejo General para garantizar un freno absoluto a cualquier servidor de la nación u operador de programas sociales de todos los niveles de gobierno, que pretendan presionar al electorado durante la votación.
La consejera Norma Irene de la Cruz, presidenta de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, detalló que entre el 10 de septiembre y el 19 de octubre del 2026 se registraron mil 119 solicitudes de acreditación, de ellas, 605 corresponden a mujeres y 514 a hombres.
Además, 113 mil solicitudes son individuales y seis las presentó una organización; 29 son personas que manifestaron tener alguna discapacidad y 56 representar a alguna comunidad indígena. Y 566 personas están interesadas en también participar en la observación de la votación anticipada.
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Después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó por segunda ocasión los lineamientos del INE sobre este tema, al considerar que sólo se enfocaron en regular a los servidores de la nación del gobierno federal, pero seguían dejando la puerta abierta para que operadores de programas sociales de gobernadores y presidentes municipales buscaran intervenir en la observación electoral, los partidos de oposición pidieron al instituto acatar por completo y evitar nuevas revocaciones.
PRI y MC, critican decisión del Consejo General
PRI y Movimiento Ciudadano quienes impugnaron por segunda ocasión y lograron que la Sala Superior les diera la razón, criticaron que el Consejo General se esté convirtiendo en un órgano al que constantemente le corrigen sus acuerdos, por falta de colegialidad, de escucha a los partidos políticos y de áreas técnicas con encargadurías de despacho sin respaldo mayoritario.
“Los órdenes del día de este consejo se están convirtiendo en prácticamente un acatamiento de mandatos de la Sala Superior. La Sala Superior le está corrigiendo la plana a este Instituto Nacional Electoral constantemente”, señaló el priista Emilio Suárez Licona.
Incluso, exhibió que esto debería ser una alerta, pues demuestra que hay deficiencias desde las áreas técnicas, lo que, aprovechó para recalcar, es parte del rompimiento de colegialidad tras la decisión de Morena y sus aliados de dejar los nombramientos a criterio y decisión personal de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.
“Esto nos debería preocupar, porque lo que está queriendo decir la Sala Superior es que las áreas técnicas del Instituto están siendo omisas o no están llevando al terreno administrativo lo que la norma constitucional y la norma legal mandata para tener un equilibrio en la contienda electoral.
“No habría nada más sensato justamente para buscar los mejores perfiles que en un espacio de autorreflexión y de autogobierno vuelva la colegialidad en este Instituto, si no de manera legal, sí en la práctica, para ser corresponsables a todos los consejeros de lo que está sucediendo en las áreas administrativas de este Instituto Nacional Electoral”.
En lo que coincidió el representante de Somos, Marco Baños, quien recordó que desde la primera revocación, en la mesa del Consejo General los partidos advirtieron que estaban acatando de forma insuficiente y no se les escuchó.
“Ya les corrigieron dos veces la plana, ya traigan bien el acatamiento, ¿qué necesidad había de que llegáramos a una segunda sentencia del Tribunal cuando lo pudimos arreglar desde aquí? Pero sucede que en éste como en otros temas siempre hay oídos sordos a los planteamientos que realizan los partidos políticos”.
La consejera Carla Humphrey coincidió con estos señalamientos, pues recordó que desde la primera ocasión en que la mayoría del Consejo General decidió suavizar el filtro para los servidores de la nación, la mitad de las consejerías advirtieron que era indebido y luego, la Sala Superior tuvo que ordenarles rectificar.
Por lo que pidió a las áreas técnicas que elaboren un proyecto que ahora sí, cumpla cabalmente las sentencias del Tribunal Electoral, para que estos ajustes tampoco afecten el proceso de acreditación de observación electoral que ya está en curso.
“Considero fundamental que las áreas competentes del Instituto atiendan oportunamente esta nueva resolución jurisdiccional lo antes posible y realicen las adecuaciones necesarias a los lineamientos y procedimientos correspondientes, a fin de brindar certeza tanto a las personas interesadas en participar como observadoras electorales, como a las autoridades responsables de su acreditación.
“La observación electoral constituye un mecanismo de participación ciudadana y vigilancia de los procesos electorales. Nuestra responsabilidad es garantizar que su ejercicio se desarrolle mediante procedimientos accesibles, transparentes y sujetos a una verificación institucional efectiva”.
Humphrey destacó que además, esto es fundamental ante el interés que existe en la observación electoral para el 2027, pues las mil 119 solicitudes superan las recibidas en el mismo periodo en la elección del 2024, cuando se registraron 455 personas.
IOGE
