El diputado del PAN, Víctor Manuel Pérez Díaz, impulsa una iniciativa de reforma al artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal, para que se sancione de tres a 10 años de prisión y multa de hasta mil Unidades de Medida y Actualización, a quien sin autorización acceda a un sistema de informática o datos protegidos por algún mecanismo de seguridad, con el fin de sustraer, modificar, destruir, copiar o alterar información.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia, plantea endurecer las penas a quienes ejecuten ese delito, y establece que cuando sea cometido para causar un daño psicológico o material a la víctima, la pena será aumentada en una tercera parte.
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El legislador argumenta que el phishing, el ransomware y las violaciones de la seguridad de los datos son ejemplos de las actuales ciberamenazas, donde los ciberdelincuentes son cada vez más ágiles y mejor organizados, así como el modo en que adaptan sus ataques y cooperan entre sí.
En este sentido, indica que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana los principales delitos cibernéticos son la extracción de datos sin consentimiento (hacking), ataques intencionados a sistemas operativos y software (cracking), forma de engaño para obtener información bancaria (phishing), mensajes digitales con ligas de internet falsas al correo digital (spamming) y extorsión digital (ciberterrorismo).
¿Qué es el ‘pishing’?
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el phishing es una técnica que consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima (red social, banco, institución pública, etc.) con el objetivo de robarle información privada, realizarle un cargo económico o infectar el dispositivo. Para ello, adjuntan archivos infectados o enlaces a páginas fraudulentas en el correo electrónico.
Considera que, si bien el gobierno federal ha realizado acciones encaminadas al combate de los delitos cibernéticos, para lo cual se han creado distintas policías cibernéticas, tanto federales como locales, el Poder Legislativo debe dotar de marcos legales eficientes en el combate de este ilícito.
El diputado subraya que, al endurecer las penas por los delitos cibernéticos, la delincuencia se encontrará ante un sistema que realmente castiga estas acciones y se abstendrá de realizarlas, ya que en la actualidad la penalidad es muy baja —de seis meses a dos años de prisión y de 100 a 300 días multa— y pueden salir fácilmente bajo fianza o caución.
Enfatiza que un aumento significativo en las penalidades generará una baja significativa en estos delitos, ya que la delincuencia no verá estas actividades como un modo de generar ganancias y no salir perjudicada.
LP
