Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) acordaron levantar el paro de labores que venían manteniendo, desde el 5 de noviembre, luego de que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) publicó la abrogación del Acuerdo General que contemplaba sanciones punitivas al personal de carrera judicial que no aprobará exámenes de evaluación.
A través de un mensaje enviado por WhatsApp a los empleados, Patricia Aguayo Bernal, representante de los servidores públicos en el Palacio de Justicia Federal, en San Lázaro, Ciudad de México, agradeció el apoyo y los llamó a volver a sus labores.
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¿Qué dijo Patricia Aguayo Bernal?
“Compañeros, de antemano quisiera agradecer a todos y cada uno de ustedes por el apoyo brindado a esta causa, ante los sucesos que nos acontecen y como nos comprometimos ante los medios y escrutinio público, una vez alcanzada la abrogación del acuerdo relativo a las evaluaciones pretendidas al personal del PJF, en el cual se ponía en riesgo nuestra estabilidad laboral, quisiera dar por terminado este paro de labores a partir de este momento reiterando el agradecimiento y reconociendo el infinito esfuerzo realizado por todos y cada uno de nosotros seguimos en la lucha”, escribió.
Quejas de trabajadores del PJF
En días anteriores, integrantes del PJF se manifestaron en Chilpancingo para exigir la revisión de los despidos registrados dentro del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), al considerar que estas decisiones afectan tanto a la base trabajadora como a las personas que requieren atención jurídica gratuita.
La movilización fue respaldada por el Sindicato de Renovación del Poder Judicial de la Federación, cuyos representantes señalaron que, a nivel nacional, 43 trabajadores sociales fueron separados de sus cargos.
Aseguraron que la mayoría de las personas afectadas son madres solteras y sostén económico de sus familias, por lo que exigieron la reinstalación inmediata del personal.
Entre los casos expuestos se encuentra el de Judith Rocío Gama Escobar, quien se desempeñaba en la oficina de Acapulco y acumulaba más de 15 años de experiencia laboral.
El delegado sindical en Chilpancingo, José Uriel Vega Sierra, explicó que, aunque las personas despedidas ocupaban plazas de confianza, el gremio decidió acompañar su exigencia debido a la incertidumbre que existe entre el personal de distintas áreas.
Indicó que los ajustes presupuestales implementados por el órgano de administración judicial podrían derivar en nuevas bajas, por lo que pidieron que se respeten los derechos laborales y se eviten medidas que dejen sin empleo a trabajadores con trayectoria dentro de la institución.
En el caso de Guerrero, detallaron que la afectación directa corresponde a una trabajadora adscrita a Acapulco, quien brindaba acompañamiento y orientación a personas de bajos recursos que buscan acceder a servicios de defensa y asesoría legal.
Raúl Ramírez, secretario de Tribunales de Circuito, señaló que la reducción de trabajadores sociales y asesores jurídicos puede limitar la capacidad del Instituto Federal de Defensoría Pública para atender asuntos penales, amparos y otros procedimientos en los que la ciudadanía requiere representación gratuita.
RM
