La fracción del PAN en la Cámara de Diputados analiza la posibilidad de presentar una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador por el que las obras emblemáticas del gobierno federal se consideran un asunto de seguridad nacional.
Así lo afirmó el vicecoordinador de la bancada panista, Jorge Triana, quien calificó el acuerdo de “grave y autoritario” y remarcó la necesidad de evitar la opacidad y falta de transparencia en proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería Dos Bocas.
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“Este dejo autoritario de López Obrador no es nuevo. Así gobernó la Ciudad de México: a base de bandos y decretos y lo mismo hace como Presidente de la República, pero esto tiene que ser controvertido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por supuesto, estamos planeando lo propio”, puntualizó.
Por separado, a través redes sociales, el líder parlamentario del PAN en el Palacio de San Lázaro, Jorge Romero, rechazó tajantemente el “decretazo” que, a juicio de su partido, pretende opacar las obras públicas.
“Los diputados del PAN rechazamos y denunciamos tajantemente el decretazo de López Obrador que simple y sencillamente pretende opacar todas sus obras públicas. Otra más de la gloriosa 4T”, señaló.
L@s @diputadospan rechazamos y denunciamos TAJANTEMENTE el #decretazo de AMLO que simple y sencillamente pretende opacar TODAS sus obras públicas. Otra más de la gloriosa 4T…
— Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) November 23, 2021
Triana sostuvo, a su vez, que el Presidente de la República no se ha caracterizado por la rendición de cuentas y la transparencia, pues no es la primera vez que intenta gobernar a base de acuerdos impositivos y autoritarios.
El vicecoordinador panista subrayó la gravedad del asunto, y señaló que si entrara en vigor el acuerdo, todas las obras de López Obrador estarían en la opacidad, no se podría exigir que hubiera transparencia y estarían fuera del escrutinio público, sin ser sujetas de amparo, ni de cualquier permiso de impacto ambiental o de uso de suelo, lo cual es propio de un régimen autoritario.
“A todas luces esta acción es contraria a los principios y objetivos de la transparencia, del acceso a la información y la rendición de cuentas que debe caracterizar a todo gobierno democrático, pero este tipo de decisiones solo ejemplifican a los gobiernos autoritarios”, puntualizó.
LP
