El grupo parlamentario de Acción Nacional propuso al pleno del Congreso local reformar el Código Penal y la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para prohibir la maternidad subrogada y castigarla con penas de seis hasta 18 años de prisión.
La iniciativa también propone considerar la explotación reproductiva como un tipo de violencia de género en contra de las mujeres, porque implica cosificación y la mercantilización de sus cuerpos.
Maternidad subrogada, solo si es altruista
La iniciativa de la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres consideró necesario legislar y dejar claro que en la entidad queda prohibida la renta de vientres con fines comerciales. Sin embargo, no se pone objeción a la maternidad subrogada con fines altruistas, donde de manera voluntaria se ayude a una familia a tener un hijo o hija.
“Se entiende por maternidad subrogada con fines comerciales la práctica mediante la cual una mujer gesta un embarazo con el propósito de entregar a la niña o niño recién nacido a otra persona o pareja, a través de una contraprestación económica”, explicó.
El objetivo es prohibir las prácticas de maternidad subrogada, cuya finalidad sea la comercialización de niñas o niños, incluyendo la intermediación, publicidad, oferta o promoción de esta como un servicio.
Con esto, queda sin efecto todo contrato, convenio o acuerdo que tenga por objeto la gestación de un ser humano para ser entregado a terceros, a través de una contraprestación económica, de lo cual se debe dar vista al Ministerio Público.
¿Cuáles podrían ser las sanciones por rentar el vientre?
La penalidad que plantea es de seis a 12 años de prisión y de 500 a mil 500 días multa a quien por sí o por medio de otra persona ofrezca, gestione, promueva, intermedie o contrate servicios de gestación subrogada en el territorio mexiquense, con fines comerciales o bajo cualquier forma de remuneración.
“Si el sujeto activo es persona servidora pública profesional de la salud o forma parte de una clínica, agencia o entidad dedicada a la intermediación reproductiva, la pena será de nueve a 18 años de prisión y de 500 a dos mil días de multa”, destacó.
Cuando la mujer gestante se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, social o de salud, se considerará circunstancia agravante, y la pena se incrementaría hasta en una mitad. En ningún caso se sancionará penalmente a la mujer que haya sido inducida, coaccionada o explotada para participar en un proceso de maternidad subrogada.
Es una forma de violencia
La diputada explicó que la explotación reproductiva constituye una forma de violencia de género contra las mujeres, pues implica la cosificación y mercantilización de sus cuerpos y capacidades reproductivas; aunado a que vulnera su autonomía, dignidad y derechos reproductivos y genera riesgos directos para la integridad física, psicológica y emocional de la mujer gestante.
Entendiendo como explotación reproductiva cualquier acto mediante el cual una mujer es inducida, presionada, contratada o incentivada para gestar un embarazo, con el propósito de entregarla con fines comerciales, incluidos contratos, convenios o cualquier acuerdo que implique intermediación, publicidad o promoción de la gestación aparte.
Avance en legislación
Joanna Felipe considera necesario que la entidad cierre las puertas a quienes vienen a la entidad en busca de vientres, simulando estar en entidades como Tabasco o Sinaloa, donde sí está permitido.
Esta iniciativa es resultado de un parlamento abierto que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados federal, donde la intención es proteger a las mujeres de la explotación.
“La maternidad subrogada, de manera altruista no se está prohibiendo, sólo la que tiene fines comerciales, pues ya existen en México empresas que se dedican a estos temas, buscan a las mujeres más vulnerables que saben que van a aceptar, a pesar del riesgo a su salud y emociones”, indicó.
Señaló que las cifras que existen actualmente indican que al menos salen del país cinco mil bebés, a partir de la autorización de la renta de alquiler en Tabsco y Veracruz, aunque en realidad el tema se extiende a más entidades.
PNMO
