La fracción del PAN en la Cámara de Diputados demandó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinar si el gobierno federal incurrió en un desvío de fondos, al disponer de 80 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para la operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Además, exigió imponer las sanciones administrativas y dar vista al Ministerio Público de conductas constitutivas de delitos, en caso de confirmar la malversación de recursos.
El coordinador de Acción Nacional en el Palacio de San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, recordó que los diputados de su bancada solicitaron desde septiembre pasado a la ASF investigar el desvío del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
"Demandamos a la ASF determine si el gobierno federal incurre en malversación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y, en caso de que se acredite una violación a la norma, se determinen las sanciones administrativas correspondientes y se dé vista al Ministerio Público Federal respecto de las conductas que pudieran ser constitutivas de delito", remarcó.
Romero Hicks reiteró además su llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a recorrer los hospitales del país y verificar que el Insabi es un fracaso y pone en riesgo la vida de millones de mexicanos.
"Hacemos una atenta convocatoria al presidente López Obrador para que, sin maquillajes, sin agenda de por medio, ni la intervención de obstáculos humanos (funcionarios estorbo), inclusive sin acompañamiento de los diputados del PAN, recorra los hospitales del país y se dé cuenta del fracaso de su flamante Instituto de Salud de Bienestar que está ocasionando zozobra y angustia entre la población", subrayó.
Señaló que la queja constante es que mientras el Seguro Popular era gratuito y solo en caso de tratamientos especializados los pacientes pagaban 88 pesos al día de hospitalización, hoy en el Insabi todo se cobra, llegando a 500 pesos diarios en promedio.
"No es justo que los pacientes paguen el precio de la improvisación e irresponsabilidad del gobierno federal; por eso lo que dijimos al emitir nuestro voto en contra del Insabi lo reiteramos: los cobros por servicios de salud a la gente más pobre son ilegales y la ley señala que las cuotas de recuperación guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir el cobro si se carece de recursos", puntualizó.
El legislador detalló que hoy día un tratamiento para cáncer cervicouterino cuesta alrededor de 37 mil pesos; para cáncer de la infancia y la adolescencia, aproximadamente 159 mil pesos por paciente; para cáncer de mama llega a costar cerca de 234 mil pesos; para cáncer de próstata, 148 mil pesos, y para cáncer de colon y recto, 203 mil pesos.
"Advertimos que al eliminar el mecanismo de financiamiento que garantizaba recursos públicos por cada afiliado al Seguro Popular y suprimir la póliza que amparaba este derecho, no habría garantía de atención médica y se podría negar la prestación de servicios, como ya está ocurriendo", dijo Romero Hicks.
AE
