El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma constitucional contra la infiltración de dinero ilícito en la política, el uso electoral de programas sociales y la sobrerrepresentación legislativa.
La propuesta busca garantizar equidad, legalidad y respeto pleno a la voluntad ciudadana.
Desde la tribuna parlamentaria, el legislador panista Federico Döring solicitó discutir y votar de manera inmediata la iniciativa como asunto de urgente y obvia resolución, pero la mayoría de Morena, PVEM y PT rechazó la petición y turnó el proyecto a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.
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“Hoy es el penúltimo día de sesiones en este período y, por eso, siguiendo el ejemplo de lo que nosotros hemos acompañado, le exigimos a Morena que demuestre si está del lado del narco o está del lado de la democracia (…). Vamos a ver si están del lado de la democracia o están, como lo están en Chihuahua, del lado del narco y saboteando a quienes sí combaten su dinero sucio y sus aliados electorales”, arengó.
La iniciativa prevé reformas a los artículos 41, 54, 56 y 134 de la Constitución, con el objetivo de cerrar el paso al financiamiento ilegal, incluido el de origen criminal, evitar el uso del aparato gubernamental con fines electorales y asegurar una representación auténtica en el Congreso.
El coordinador de la bancada panista, José Elías Lixa, advirtió que hoy la democracia mexicana enfrenta riesgos reales: dinero de origen ilícito que busca influir en la política, programas sociales que se utilizan para presionar el voto y reglas que permiten mayorías que no corresponden a lo que la gente decide en las urnas.
“Esta reforma plantea cerrar esas puertas de manera definitiva. Partido que se financie con dinero ilegal, pierde el derecho de representar a la ciudadanía. Y ningún apoyo social puede volver a utilizarse como mecanismo de control político. Blindar la democracia es ponerle límites claros al poder para que el voto sea el único que decida”, subrayó.
Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentra la prohibición expresa para que los partidos políticos reciban o realicen operaciones con recursos de procedencia ilícita, estableciendo como sanción la cancelación de su registro.
Se prohíbe el uso de recursos públicos en campañas, así como cualquier mecanismo de compra, coacción o inducción del voto, incluyendo esquemas como los “diezmos” o aportaciones forzadas.
La propuesta también plantea blindar los programas sociales, estableciendo que su operación y difusión deberán tener carácter estrictamente institucional, sin elementos de promoción personalizada ni referencias partidistas.
De igual forma se prohíbe el uso de colores, símbolos o estructuras políticas en la entrega de apoyos, así como cualquier intento de condicionarlos con fines electorales.
En materia de representación, Acción Nacional propone eliminar los mecanismos que permiten la sobrerrepresentación legislativa y establecer que la integración del Congreso corresponda de manera directa al porcentaje real de votación obtenido por cada fuerza política.
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