La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados advirtió que la aprobación de la Ley General de Educación Superior sin asignar recursos para su aplicación significaría hablar de un “derecho ficción” y abonar a la retórica.
El coordinador de la bancada panista en el Palacio de San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, detalló que el proyecto avalado ya por el Senado de la República podría ser discutido esta semana por los diputados federales, aunque su aplicación estaría sujeta a la disponibilidad de presupuesto.
“Plantear en la legislación derechos sociales y no querer asignar recursos económicos es hablar de derecho ficción, es simular y abonar solo a la retórica y no a la resolución real de los problemas”, puntualizó.
Esta semana en la @Mx_Diputados posiblemente discutiremos la nueva Ley de Educación Superior.
— Juan C. Romero Hicks (@JCRomeroHicks) December 13, 2020
Será muy importante dotarla de recursos económicos, para evitar la simulación y realmente dar solución integral de los problemas del país. pic.twitter.com/V9F5jqEq9Y
El legislador llamó por ello a no sujetar el cumplimiento de un derecho a la suficiencia presupuestal, pues aun cuando vivimos tiempos de crisis y es preciso atender prioridades en materia de salud, no se debe olvidar que la educación a mediano y largo plazo rinde frutos, a través de soluciones innovadoras en salud, trabajo y economía, entre otros.
Romero Hicks sostuvo que México tiene la necesidad de una Ley General de Educación Superior por la obsolescencia y limitaciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
Entre sus principales aportaciones, la nueva legislación prevé un Sistema Nacional de Educación Superior con espíritu federalista, reconociendo los sistemas locales y autonomías institucionales.
Establece asimismo la obligatoriedad de la educación superior para el Estado y distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno, además de incorporar mecanismos para que el derecho a la educación sea exigible, justiciable y progresivo.
Para efectos de financiamiento, se crea un fondo especial para atender los mandatos constitucionales de obligatoriedad y gratuidad, al cual tanto la federación como los gobiernos locales deberán asignarle presupuesto de forma anual y sostenida, adicional a los recursos destinados actualmente a educación superior.
El líder parlamentario de Acción Nacional remarcó que la educación superior es un reto a afrontar y debe estar en constante perfeccionamiento, sobre todo en materia de financiamiento.
JLMR
