Después de que el Gobierno de Nuevo León remitió un escrito con los desacuerdos de la reforma que permite tarifas sociales, el Congreso local anunció que ordenará al Periódico Oficial del Estado (POE) la publicación inmediata del tema para que apliquen los descuentos en el camión.
De manera general, los diputados del PRI, PAN y Morena señalaron que el asunto podría entramparse en la Suprema Corte, pero advirtieron que pelearían para que se permitan tarifas sociales en el transporte público.
Aile Tamez, presidenta de la Comisión de Movilidad, dijo que el Estado debe hacer algo por las personas que usan el trasporte público.
“Lo que ahora sigue es que la presidenta envíe una orden al periódico oficial para solicitar se publique esta reforma y pues bueno, esperaremos que si lo hagan.
“Si el gobernador no cumple con su deber, que es publicarlo ya en el Periódico Oficial del Estado, lo que sigue en el proceso legal para poder avanzar, veremos de qué otra manera podemos presentar algún otro tipo de proyecto para poder ayudar a los usuarios”, señaló.
Armida Serrato, diputada local del PRI, manifestó que no se trata de un veto, sino de un desconocimiento a las leyes, ya que no se puede presentar un veto sobre otro.
“Ellos argumentan que porque el veto fue modificado de la forma original, yo nada más le quiero recordar al Gobierno al Estado que la Suprema Corte lo señale en la ocasión en que se realizó el presupuesto, ya hay (antecedentes).
“Las tarifas sociales no están desvirtuando la reforma original, lamento mucho que de manera incluso pues física, presente el un documento en donde definitivamente se nota el desconocimiento de la Ley”, enfatizó.
Mario Soto, coordinador de Morena, vio necesaria la reforma para que los usuarios paguen menos por abordar una unidad que, en ocasiones, se descomponen en los trayectos.
“Nosotros seguimos insistiendo y aparte es una bandera de nuestro partido movimiento, el tema de las tarifas, que se hagan descuentos a estudiantes, a personas con discapacidad, adultos mayores, para que el tema de la inflación no les pegue.
“Nosotros vemos al transporte público como una necesidad del pueblo, no como un negocio”, sostuvo.
Melisa Peña, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, defendió lo presentado por el Estado, argumentando que hay un impacto presupuestal notorio.
“No se invitó a la Tesorería, tengo entendido que lo que está vetando fue lo que se aprobó aquí posteriormente, pero lo tendrán que revisar la parte jurídica.
“Hemos pedido que esté aquí la Secretaría de Finanzas para que nos apoyen a ver qué es mejor y qué es factible para que se pueda realizar”, concluyó.
El gobernador argumentó que los diputados aprobaron el veto parcial a la totalidad de las observaciones que remitió hace más de un mes.
Además, se lee en los argumentos del Estado, se hicieron agregados a la reforma original en materia de Movilidad.
Fuentes detallaron que el documento fue entregado porque se cambió el contenido del Decreto, ya que tenía que mandarse para observaciones y no publicaciones.
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